B) RESERVADA. Reunión de fiscales federales penales con el presidente Fernando de la Rúa en la quinta de Olivos. Por el lado del gobierno participaron el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo y el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa. Por el lado del ministerio público estuvieron Raúl Pleé, fiscal de la Cámara de Casación, Pablo Quiroga, fiscal de la Cámara Federal de San Martín, Eamon Mullen y José Barbaccia, fiscales federales de la Capital. En la reunión, el Presidente requirió ser asesorado acerca de las modificaciones legislativas que habría que poner en marcha para contar en la Argentina con una legislación más moderna para combatir el terrorismo. El motivo de la convocatoria a los cuatro fiscales federales consiste en que ellos tuvieron a su cargo investigaciones por fenómenos terroristas de suma importancia en los últimos años. Los primeros intervinieron en el proceso de investigación por el ataque al cuartel de La Tablada, mientras que Mullen y Barbaccia hacen lo propio con relación al atentado contra la sede de la AMIA-DAIA.
C) INTERCAMBIO. En ese contexto se llegó a la conclusión que la única ley que define a los hechos de terrorismo es la 25.241, que trata acerca de los beneficios que podría tener un "arrepentido". Pero que en general, para mejorar la respuesta legislativa para la investigación de este tipo de fenómenos, sería necesario introducir algunas modificaciones como el agente encubierto, el testigo de identidad reservada, una prórroga de jurisdicción a favor del juez que investigue -para evitar formalidades de exhortos cuando busca pruebas en distintos lugares del país-. Algunas de estas premisas ya están vigentes en materia de narcotráfico, así como la autorización al Poder Ejecutivo para ofrecer recompensas, y el mejoramiento de los mecanismos de colaboración internacional; todas cuestiones procesales de las que De la Rúa es un reconocido experto. Después de la reunión el Presidente dispuso que la cartera de Justicia, recogiendo la opinión de los fiscales consultados, así como la de los distintos organismos de seguridad y demás órganos interesados, inicie el estudio de un proyecto de reforma legislativa en la materia que asegure una respuesta legislativa eficiente, ágil y acorde con las necesidades actuales, reafirmando su decisión de ponerse a la cabeza de la lucha contra el terrorismo en el país.
D) LIBRO. De opiniones es lo que acaba de editar, por segunda vez, el ministro de la Corte, Adolfo Vázquez. Este nuevo ejemplar vuelve a referirse como en la anterior edición, sobre las relaciones del Poder Judicial y la prensa, especialmente cuando ésta prejuzga. Este trabajo se apoya, de manera importante, en una serie de situaciones y vivencias personales de Vázquez frente a lo que considera una pseudo campaña de difamación montada por algunos medios de información. En el libro, el integrante de la Corte cuenta como debió recurrir a la justicia penal articulando querellas por calumnias e injurias, a fin de preservar sus derechos y trayectoria, en contraposición a las informaciones erróneas y disvaliosas publicadas de las que fue destinatario. También hay elementos respecto de la presentación que realizó ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados solicitando personalmente que fuera investigado por los dichos divulgados. Los querellados por Vázquez fueron la ex ministro de Acción Social, Graciela Fernández Meijide y el secretario general del gremio judicial, Julio Piumato, entre otros.