La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el gobierno de la provincia de Córdoba, a través de su Ministerio de Seguridad, acordaron realizar un trabajo conjunto para la implementación de la Ley provincial 9236, sobre "Régimen de los Servicios de Prestación Privada de Seguridad, Vigilancia e Investigación", que en su artículo 34 establece que no podrán desempeñarse en dichas tareas, quienes se beneficiaron con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los indultados por hechos que constituyan violación a los derechos humanos, y quienes hubiesen sido condenados o tuvieran procesos judiciales en trámite por delitos dolosos y/o culposos. De este modo, Córdoba, se suma al sistema de control implementado en el orden nacional y al que han adherido la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.
Vacante
A través del Decreto 900/2006, el Poder Ejecutivo Nacional aceptó la renuncia de Ernesto Héctor Gandolfi, juez del Tribunal Oral Nº 3 en lo Penal Económico de la Capital Federal, la que se hará efectiva a partir del 1º de agosto del corriente año.
Reflexión
Este martes, a partir de las 15, importantes expositores se reunirán en La Plata para debatir sobre "Las Cortes Provinciales y la Administración de Justicia: Avances y Desafíos". Entre otros temas, se abordarán la congestión de causas; los excesivos tiempos de tramitación; la necesidad de mejorar la transparencia en el accionar de los tribunales superiores; y las oportunidades para trabajar más estrechamente con la sociedad civil. El evento se realizará en el Salón de Audiencias del Palacio de Justicia de La Plata, calle 13 entre 47 y 48, y está organizado por el Instituto de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la UNLP, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), y el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. En la oportunidad disertarán Juan Carlos Hitters (ministro de la Suprema Corte bonaerense); Roberto Berizonce (profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP); Alejandro Pérez Hualde (ministro de la Corte Suprema de Mendoza); Eduardo Oteiza (profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP); y Roberto Saba (director ejecutivo de la ADC).