En un dictamen firmado por los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, se solicitó que la ex funcionaria sea citada a indagatoria y que, además, se investigue al actual Director Nacional de Ordenamiento Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Miguel Ángel Craviotto por no haber remitido una serie de informes que se le habían solicitado.
Los vecinos de Mataderos denunciaron que las empresas frigoríficas (que dieron origen al nombre del barrio) "tiran deshechos cárnicos, derrame de sangre, grasas, entrañas, etc...constituyendo un foco permanente de infecciones e infectaciones, dando campo propicio a las epidemias", tal como lo reflejan en su dictamen los fiscales.
Hacen mención también a los testimonios de personas damnificadas quienes denunciaron que "en la calle Rodó hay muchos frigoríficos que con sus deshechos causaron que se tapen las cañerías", y el caso de dos vecinos que fueron atendidos en el Hospital Santojanni con cuadros de intoxicación por inhalación de gas amoníaco, proveniente de un escape del interior del frigorífico Cafayate, ubicado en Cafayate y Tapalqué.
En el mismo requerimiento, los fiscales pidieron al juez que ordene el allanamiento de la Dirección de Ordenamiento Ambiental para secuestrar una resolución en la que constan los listados de residuos patológicos o peligrosos, que complementan la ley de residuos peligrosos.
La investigación se inició a raíz de una denuncia efectuada el 29 de diciembre de 1999 por la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira tras conocer los resultados de distintas inspecciones realizadas en empresas de la zona de Mataderos dedicadas a la actividad frigorífica y a la explotación, elaboración y venta de productos cárnicos.
Advirtieron también acerca de "la fría pasividad de quien tenía la obligación legal de velar por la preservación del Medio Ambiente y la Salud Pública” que “fue condición sine qua non para que se produjese la grave contaminación en el barrio porteño de Mataderos".
La pesquisa, que se tramita en el juzgado federal 10, a cargo interinamente de Galeano, intenta determinar si los "fuertes olores que perturban a los vecinos", provienen de las empresas, producto de algún tipo de sustancia que puede ser "perjudicial para la salud de la gente y del medio ambiente".
De ese modo, la investigación esta orientada a determinar una posible infracción a la ley de residuos peligrosos por parte de los frigoríficos, y además establecer si esa violación "se viera posibilitada" con motivo de un incumplimiento de funciones, que la ley le asigna a la autoridad de aplicación a nivel nacional y local.
En ese sentido, los fiscales intentan determinar si existió o no un incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de la Secretaría que estuvo a cargo María Julia Alsogaray, quien tenía entre sus funciones "entender en el registro, clasificación, certificación ambiental y fiscalización de los generadores, operadores y transportistas de residuos peligrosos".
Para los fiscales, los funcionarios responsables "no cumplimentaron las medidas mínimas tanto para incluir la actividad de los mataderos, cuanto para fiscalizar a esos generadores".
En el dictamen se menciona una pericia efectuada por la División Laboratorio Químico de la Policía Federal en relación al "potencial peligro de contaminación del medio ambiente y la salud que implica la actividad de la industria frigorífica".
En dicho informe, los peritos de la Policía advirtieron que “si los residuos eliminados son vísceras, grasas, restos de carne y/o sangre animal, los mismos en contacto con el medio ambiente se descomponen y favorecen el desarrollo de bacterias con la consecuente producción de posibles focos infecciosos tanto para humanos como para animales”.