Por su parte la abogada de 15 familias de desaparecidos franceses, Sophie Thonon, se reunió con el ministro de Justicia argentino Ricardo Gil Lavedra, con quien abordó el caso del ex capitán de fragata Alfredo Astiz, uno de los símbolos del terrorismo de Estado de la dictadura (1976-83). La letrada francesa se refirió también a la posibilidad de que el juez francés Roger Le Loire realice un viaje a Argentina para recoger testimonios sobre los casos de desaparecidos de ese origen durante el régimen militar.
"Exigimos que el Estado de curso al requerimiento del juez Garzón, ordene la detención de los imputados y su puesta a disposición de la justicia, con miras a su extradición", señaló una decena de ligas en espacio publicitario de diarios de Buenos Aires. Al mismo tiempo, reconocieron "la competencia internacional para procesar, detener y condenar a esos individuos", acusados de "genocidio, terrorismo y torturas", ya que "se les imputan gravísimos crímenes contra la humanidad que concitan la jurisdicción internacional".
Manifestaron que la supuesta obligación del Estado surge de "sus compromisos internacionales" al haber suscrito el Convenio de Cooperación Judicial con el Reino de España y las convenciones contra la Tortura y el Genocidio, "ambos aplicables al caso y que tienen rango constitucional". Para el caso de los nueve militares enjuiciados en el fuero federal local por el robo de niños nacidos en cautiverio hijos de desaparecidos, expresaron que "deberán llevarse adelante sus procesos sin que se beneficien con las leyes de impunidad".
La declaración es suscripta por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Centro de Estudios Legales y Sociales, familiares de Presos y Desaparecidos, Servicio de Paz y Justicia, Asociación de Ex Detenidos- Desaparecidos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, seccional La Plata. En cambio no fue firmado el reclamo ni por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Buenos Aires, ni por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que preside Hebe de Bonafini.
Thonon representa, entre otros, a los familiares de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, secuestradas en 1977 por un comando liderado por Astiz, según numerosas denuncias, quienes fueron alojadas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores campos de concentración de la dictadura, y hasta hoy están desaparecidas. Por ese caso, Astiz fue condenado en Francia a prisión perpetua y tiene pedido de captura internacional de Interpol "válido en el mundo entero", recordó la letrada francesa.
Asimismo, Astiz integra una relación de 48 militares argentinos con petición de captura internacional, recientemente girada por el juez español Baltasar Garzón. Según la abogada, Gil Lavedra lamentó que no haya un tribunal internacional para juzgar este tipo de delitos. El funcionario argentino fue uno de los miembros del tribunal que en 1985 condenó hasta a penas de reclusión perpetua a los máximos jerarcas militares por graves violaciones a los derechos humanos.
Thonon dijo que ante los casos de parálisis en la investigación de esos hechos "las jurisdicciones extranjeras constituyen una jurisdicción de sustitución". La letrada criticó luego que la mayoría de los ocho ex jerarcas militares detenidos por una causa de robo de hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio, entre ellos los ex dictadores Jorge Videla y Emilio Massera, cumplan su arresto en sus domicilios por ser mayores de 70 años. No hay gran diferencia en este tipo de “cárcel” y la libertad, subrayó la abogada francesa. Agregó que "la edad de los ex represores no justifica para nada" que estén en sus viviendas.