In Voce

CÓDIGO DE BARRAS. En el ámbito federal un 60 % de los alojados en las cárceles son técnicamente inocentes. Se trata de procesados que están esperando para ser juzgados. En muchos casos tienen fecha de juicio oral para dentro de varios años. Quizá en ese momento se descubra que eran finalmente inocentes o que el proceso sea defectuoso y la causa sea nula. Quizá la condena que les den, si resultaran culpables, sea inferior al tiempo efectivamente pasado privados de la libertad. Quizá sean finalmente culpables y se merezcan una condena. Pero nadie se merece pasar sus días en un lugar inmundo y sin las mínimas condiciones de habitabilidad que tienen muchas de las cárceles, tanto federales como provinciales. Los que estamos del lado de afuera tampoco nos merecemos estas cárceles. Que le salen al erario público una fortuna. Mantener presa a una persona –en las inhumanas condiciones actuales- cuesta casi igual que pagarle una habitación en un hotel cinco estrellas. La Justicia tampoco se porta mejor. Hay tribunales orales que hacen poquísimos juicios por año. Estos jueces, profunda y escandalosamente ineficientes se mezclan con los otros, los que hacen lo posible con los limitados recursos que tienen. Sólo falta alguien con un poco de perspicacia que mire las famélicas estadísticas que mantienen quienes cumplen su función con decidia. Mientras tanto la Corte sigue infructuosamente tirándole de las orejas al Poder Ejecutivo y a varias provincias también, exigiéndoles mejorar las condiciones carcelarias. Muchos se llenan la boca con los Derechos Humanos (queda bien, por supuesto). Pero esta gente a nadie le importa. Las cárceles, a pesar de ser tan caras de mantener, son como una especie de basureros humanos. De hecho el Gobierno tiene políticas contradictorias al respecto. Por un lado le interesa que los procesados sin condena puedan votar, pero por el otro le saca al Ministerio de Justicia parte del presupuesto que estaba previsto para la construcción y el mejoramiento de penales, y lo derivan a subsidiar el gasoil para el transporte público. No hay dudas de que cada moneda que se gasta en cárceles duele. Porque las cárceles son la prueba visible de una especie de fracaso de la sociedad que está condenada a invertir para mantener a los problemáticos encerrados. Duele también porque cada peso que se invierte en penales se le quita a hospitales, escuelas, caminos y tantas otras cosas que valoramos muchísimo más. La sociedad es esquizofrénica y se le nota. Se queja de que los delincuentes “entran por una puerta y salen por la otra” pero le molesta invertir en instalaciones penitenciarias. Se llena la boca con los derechos humanos pero tolera tener lugares con condiciones de vida infrahumanas. ¿Cuál sería el delincuente ideal? Aquel que sea condenado después de un proceso relativamente corto. Aquel que pase sus años a la sombra resocializándose, aprendiendo un oficio, arrepintiéndose de sus delitos. Aquel que a pesar del encierro, viva en un lugar medianamente digno. Aquel que cumpla la totalidad de la condena a la que fue condenado. Aquel que al salir de la cárcel se reinserte en la sociedad y no reincida en el oficio. ¿Cuántos habrá de estos “delincuentes ideales”? Seguramente muy pocos. Y como siempre, pagan justos por pecadores y pecadores por justos. Salen afuera excarcelados aquellos que intuimos deberían permanecer adentro, y están encerrados muchos que terminan siendo inocentes. Paga también la sociedad que también es víctima del sistema: por un lado paga (cárceles inmundas a precio de oro), por el otro cobra (cada vez que un ex convicto reincide y cosecha una nueva víctima). Como eternos rivales de Monzón, por izquierda o por derecha siempre la ligamos.

NIEBLAS DE LA HAYA. Los jueces de la Corte están acostumbrados a viajar, su cargo así se los demanda. Sin embargo, la mayoría de las veces que se suben a un avión no es por placer sino por algún compromiso académico o laboral. Las feria de verano e invierno, en muchos casos, suele ser un “recreo” necesario en medio de tanto trabajo. Por los pasillos del cuarto piso de Tribunales cuentan que la juez Argibay está a punto de hacer las valijas. La magistrada no tuvo este año el tradicional descanso invernal. Llamativamente, la juez eligió la pequeña ciudad de La Haya para estas cortas vacaciones. Según cuentan sus allegados, Carmencita dejó muchos amigos por allí durante su paso por el Tribunal Penal Internacional. La mayoría son argentinos que viven hace algunos años en Holanda. En lo que va del año, la Corte dio el batacazo con algunos fallos recordables: la movilidad de los haberes jubilatorios, la preocupación por la situación carcelaria y los reclamos por la contaminación del Riachuelo. Aunque el tema ambiental no es su fuerte, Argibay no para de elogiar, por estos días, la tarea desplegada por la joven y emprendedora Romina Picolotti al frente de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo sustentable. En el curriculum de la funcionaria se destacan un master en Derecho Internacional, en la American University, y una beca para hacer un posgrado en EE.UU. También trabajó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante cuatro años y se relacionó con la International Human Rights Law Group, ONG que defiende los derechos humanos y ambientales de las comunidades indígenas. En 1999 fundó junto a su marido el Centro de Derechos Humanos y Ambientales (CEDHA) con el objetivo de facilitar el acceso a la Justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos por daños ambientales. La jueza, según las fuentes, destaca la “cintura política” de la funcionaria y elogia su presentación durante la primera de las audiencias que convocó la Corte en septiembre. Picolotti es la imagen opuesta de su antecesora en las lides riachuelenses María Julia Alsogaray: va por la vida a cara lavada y sin coiffeur a cuestas. Además de la solvencia académica de la funcionaria, el look también le simpatizó a la juez de la Corte. Dicen que el problema con las pasteras a instalarse en Uruguay obligó tanto a Kirchner como al Máximo Tribunal dar un giro positivo a la política ambiental vernácula. No era lógico que mientras protestáramos por los daños ambientales que sufrirá el Río Uruguay por las papeleras, toleráramos el Riachuelo hediondo y contaminado en nuestro propio territorio. Como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Si se necesitaron las pasteras para que miremos nuestras propias miserias ambientales, bienvenidas sean. Y ahora que estamos con la onda ambientalista, el gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires se despachó con el sueño de muchos (los no fumadores) y la pesadilla de otros tantos (los adictos al tabaco): la prohibición de fumar todos los lugares públicos y privados de acceso público de la ciudad, conocida popularmente como la Ley Antitabaco. La iniciativa rige desde hace algunos días y ya ha cosechado elogios, críticas y hasta algunos amparos. Sin embargo los que ingresaron al despacho de Carmen Argibay en la primera semana de octubre cuentan que la juez, como era de esperar, no refrenó sus deseos de fumar pese a la entrada en vigencia de la norma. Quizá lo mas llamativo fue el argumento: “Esto es un lugar privado”, se excusó con elegancia y solvencia. ¿Fumaría la juez en el Tribunal Internacional de La Haya?

AJUSTADO COMO ZAPATO NUEVO. Raúl Madueño hoy tendría que tener su silla en el Consejo de la Magistratura, pero los tiempos políticos le hicieron ver que mejor fuera Cabral a ocupar el sitio de “Su” lista Bordó. De paso confirmó que la venganza es un plato que se disfruta frío. Hace algunos años el bigotito más reconocido de la Casación vio como por solamente 11 votos cedía la presidencia de la Asociación de Magistrados en manos de Juan Carlos Fernández Madrid, por entonces delfín del líder de la lista Celeste, Claudio Kiper. Otra vez el triunfo fue ajustado, aunque ahora les tocó a los otros. Sólo 8 votos de diferencia le dieron el triunfo a la Lista Bordó por sobre la Lista Celeste, pero triunfo al fin, en las elecciones que se realizaron en todo el país para elegir a los representantes de los magistrados en el jibarizado Consejo de la Magistratura de la Nación. Lo que se puede decir un empate técnico. El oficialismo judicial obtuvo 374 votos y la oposición 366, en una muy buena concurrencia de electores: 750 votantes (hubo 10 sufragios en blanco) sobre los casi 900 jueces para votar. Entre los que no fueron a votar estuvieron los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Se excusaron porque tienen que resolver si la reforma al Consejo es inconstitucional o no. La mínima ventaja les permitió a los Bordó llevar a dos representantes al organismo. Se trata de Luis María Cabral, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9 de la Capital Federal, y quien encabezó la lista, y de Miguel Ángel Gálvez, magistrado federal de San Juan. Por su parte, la Celeste ingresó al Consejo al juez de la Cámara del Crimen Luis María Bunge Campos. La elección dejó apostillas que merecen ser contadas. Con la elección, el mapa electoral quedó dividido para cada una de las listas, aunque por muy escaso margen. Los Bordó ganaron en la Capital por sólo 10 votos. Se impusieron en dos de las tres mesas. En total sacaron 260 votos contra 250. Por su parte, la Celeste triunfó en el interior por apenas dos sufragios: 116 a 114. Pero la elección en el interior dejó algunas curiosidades. Paradójicamente la Celeste, que ganó en el interior, no llevará al Consejo su representante de la provincia. Además, el candidato del interior de la Bordó perdió en su zona, San Juan. En la jurisdicción de Mendoza se impuso la Celeste por 18 votos a 7. Por eso, en la lista del color del cielo se arrepentían de no tener un sistema de elección similar al de los abogados que eligen un representante por Capital y otro por el interior del país. En ese caso decían que se podría haber elegido dos representantes por la Capital, por ser el distrito más grande, y así haber llevado dos consejeros. En casi todas las jurisdicciones del interior del país, la votación fue cabeza a cabeza. Pero hubo excepciones. Fue el caso de Posadas donde la Celeste ganó por goleada 9 a 0 o Córdoba donde la Bordó se impuso holgadamente por 18 a 2. Durante todo el martes, representantes de la Lista Celeste hicieron guardia en la puerta de la Sala de Audiencias de la Corte Suprema, en la planta baja del Palacio de Tribunales, donde estaban las tres mesas de votación para los electores de la Capital Federal. Durante parte del día se lo vio a Bunge Campos ansioso y hablando con su gente, sobre todo después de las 18 horas cuando cerró la elección y a la espera de los resultados que iban llegando de cada mesa. Con él estaban, entre otros, su colega en la Cámara del Crimen Mariano González Palazzo y la juez de primera instancia de la Seguridad Social y saliente integrante del Consejo, Victoria Pérez Tognola. Por su parte, la gente de la lista Bordó tuvo su bunker en los despachos de Cabral y Caminos en el sexto piso del Palacio de Tribunales. Ahora todos miran a las próximas elecciones: en noviembre se elige nuevo presidente de la AMFJN. Todos coinciden que los resultados de los recientes comicios influirán. En la Bordó se sorprendieron porque esperaban ganar por un margen más amplio (señalan como excusa que cerca de 50 jueces de su agrupación no pudieron ir a votar) y reconocen que fue un llamado de atención para las elecciones de noviembre. Y, por supuesto, ambas listas ya se dan futuras ganadoras. En la Celeste confían en un triunfo porque en las próximas elecciones votan los secretarios donde, siempre tuvieron un bastión electoral inexpugnable. Por su parte, los Bordó apuntan que también podrán votar fiscales y defensores oficiales, que consideran más cercanos a ellos. Para esa elección, la Bordó llevará de candidato a Ricardo Recondo, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, y la Celeste a Hugo Cataldi, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 14 de la Capital Federal. Así, el reformado y criticado nuevo Consejo va definiendo su nueva composición. Además de Cabral, Gálvez y Bunge Campos, los académicos ya eligieron a su nuevo representante. Se trata de Mariano Candioti, designado por el Consejo Interuniversitario Nacional.

alejandro s. williams / dju