El anteproyecto fue presentado por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia ante la comisión. Entre las reformas al Código Procesal Penal también se propone pasar la investigación a manos de los fiscales, que el Ministerio Público actúe como organismo autónomo y un sistema separado de defensa oficial. Además, la comisión analiza la creación de una oficina de gestión que se encargaría de toda la parte administrativa del proceso para evitarle la carga burocrática al juez, según le confiaron a Diariojudicial.com fuentes de la Corte Suprema de la provincia.
La comisión se reunirá el próximo martes para analizar el tema. Esa comisión es una de las 11 que desde el 31 de julio trabajan en el Plan Estratégico del Estado Provincial para la Justicia Santafesina, que tiene por objetivo “lograr una modernización normativa de los procesos judiciales, una revisión de las competencias, fueros, jurisdicciones judiciales, y la geografía judicial en orden a su realidad actual y orientada al servicio de los ciudadanos, con el objeto de posibilitar un más sencillo e inmediato acceso de la comunidad hacia el poder encargado de impartir justicia”.
Así lo acordaron el 10 de mayo los tres poderes de la provincia cuando firmaron el Plan que promueve modificaciones a la Ley 10.160 de Competencia, fueros y jurisdicción (mapa judicial), la ley de Suplencias y Estado judicial, los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, la Estructura y Recursos Humanos del Poder Judicial, el Digesto Provincial y los 6 códigos de procesales: Código Procesal Penal, Código de Faltas, Código Procesal del Menor, Código Procesal Civil y Comercial, Código Procesal Laboral y Código Contencioso Administrativo.
Las comisiones están coordinadas por un Consejo Rector, presidido por el titular de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, que se reunió este miércoles para analizar la marcha de cada una de ellas. Las comisiones tienen plazo hasta febrero para expedirse sobre los temas en estudio.
Otro de los puntos importantes en estudio es la mediación penal. Está en manos de la Comisión de Código de Faltas. En Santa Fe la mediación no es obligatoria sino que debe ser requerida por alguna de las partes. Además de su instrumentación, se busca introducir cambios en los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos.
Pero no sólo se trabaja en reformas al sistema penal. También se analizan modificaciones a otros códigos. Por ejemplo, a la Ley 10.160 de suplencias para que los prosecretarios puedan reemplazar a los secretarios. También se estudia la posibilidad de instrumentar la figura del magistrado jubilado subrogante, asignándole también otras facultades, como las de integrar el Centro de Capacitación Judicial o el Consejo de la Magistratura.
En el ámbito de los menores se estudia la creación de fiscales y defensores de menores con un Ministerio Público independiente, la desaparición del asesor de menores penal, una policía específica para menores y la existencia de juzgados de garantía, plenarios y cámaras.
Para el Código Procesal Civil y Comercial se analiza una reforma parcial que incluye ampliar el número de notificaciones por cédula; instrumentar audiencias para mejor proceder; y regular la firma electrónica o digital, entre otros temas.
Por su parte, la Comisión de Código Contencioso Administrativo está abocada a incorporar a su órbita las cuestiones vinculadas al empleo público, los amparos, los litigios sobre intereses difusos y responsabilidad del Estado. Ese marco, propone la creación de nuevos juzgados en toda la provincia y eliminar la obligación del juez de presidir todas las audiencias.
Con relación a los recursos humanos, una comisión especial trabajo en ese tema y propone la necesidad de instrumentar legalmente la figura del Prosecretario, con facultades de fedatario y de reemplazante del Secretario.
El Plan Estratégico del Estado Provincial para la Justicia Santafesina lo llevan a cabo todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, los cinco colegios de abogados, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y de Procuradores, la Asociación de Tribunales, las facultades de derecho de cuatro universidades de la provincia y representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo.