En ese contexto consideró que es necesario reforzar el equipo legal de su representación. “Todos los problemas son de derecho, como nuestros connacionales no conocen el derecho son detenidos injustamente”, dijo el funcionario boliviano. Según el gobierno boliviano, alrededor de un millón de ciudadanos de ese país viven en la Argentina, y cerca del 50 por ciento de ellos no cuenta con la documentación necesaria.
Otros funcionarios diplomáticos bolivianos han denunciado también recientemente los malos tratos que reciben sus coterráneos por parte de la Gendarmería argentina, e inclusive se han iniciado gestiones ante el Ministerio de Relaciones Exteriores con el objetivo de frenarlos, aunque aún no hubo respuesta.
El escándalo se intensificó hace cuatro días, cuando Nardy Suxo, una alta funcionaria de la Defensoría de Pueblo de Bolivia viajó a la Argentina para comprobar la veracidad de las denuncias y, según afirmó, sufrió “en carne propia” malos tratos por parte de la Gendarmería al momento de pisar el país en la localidad fronteriza de La Quiaca, según informó la agencia AP.