Reportaje al juez de la Corte Raúl Zaffaroni. Parte I
Se está dando un perfil de nuestra jurisprudencia a los temas sociales

El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Raúl Zaffaroni es una de las pocas personas que transita los pasillos del Palacio de Tribunales durante enero. De feria judicial, Zaffaroni recibió a Diariojudicial.com en su despacho del cuarto piso del Palacio para hablar sobre lo que dejó el 2006, sobre reformas en la Justicia y sobre el Derecho Penal, su especialidad.

En esta primera parte del reportaje, el primer juez nombrado en el Máximo Tribunal durante el gobierno de Néstor Kirchner calificaba como “positivo” el balance del 2006 en la Corte. “De alguna manera se está dando un perfil de nuestra jurisprudencia orientada predominantemente a los temas sociales”, señala.

Entre otros temas, el juez también habló sobre la reducción de los miembros de la Corte de nueve a cinco (aunque actualmente funciona con siete). “Eso nos resolvió dos serios problemas”, dice Zaffaroni en referencia a la nueva mayoría para dictar sentencia y a que “el nombramiento de dos ministros en un año electoral, así nombraran a Juan Bautista Alberdi y a Dalmasio Vélez Sarfield, iba a tener una lectura política totalmente equivocada”.

¿Qué balance hace del trabajo de la Corte en el 2006?

En general el balance es positivo. De alguna manera se está dando un perfil de nuestra jurisprudencia orientada predominantemente a los temas sociales. Creo que en materia de garantías se han reafirmado garantías procesales y penales. Y dentro de lo que era posible resolver del complicado problema de la pesificación creo que hemos emitido una sentencia bastante razonable, por supuesto que nadie puede resolver un tsunami satisfactoriamente. Creo que el tema del Riachuelo es otro de los signos bastantes evidentes de para donde apuntará nuestra jurisprudencia.

¿Ese perfil social se lo dieron ustedes los jueces o son la mayoría de los casos que tienen?

Creo que el perfil social sale de la Constitución y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los Derechos Sociales si no hay una institución que los haga exigibles son letra muerta. En la medida que no sean exigibles esos derechos se corre el riesgo de que empiece a cundir una idea de que el Derecho no sirve.

El año pasado tuvieron fallos muy importantes como el Riachuelo, la pesificación, temas vinculados con la política nacional. El 2007 es un año electoral. ¿Eso lo tienen en cuenta a la hora de tratar temas?

Puede tenerse en cuenta puntualmente como para que no aparezca una sentencia nuestra como interfiriendo el proceso electoral pero nada más. No pesa sobre las decisiones nuestras. Coyunturalmente puede pesar sobre oportunidad. Decir, esperemos uno, dos meses, esto de otra manera podría tener una lectura que no es la que nosotros queremos que tenga.

¿Esos temas se hablan entre los miembros de la Corte?

Si. Naturalmente la Corte tiene que tener una imagen pública. No es que estemos pensando en la imagen pero sí pensar en no permitir que un fallo de la Corte pueda tener una lectura equivocada políticamente.

En el 2006 también se redujo el número de miembros de la Corte…..

Sí, eso nos resolvió dos serios problemas.

¿Cuáles?

Primero, el problema de la mayoría. De poder tomar decisiones con cuatro votos. Y segundo, un problema que el nombramiento de dos ministros en un año electoral, así nombraran a Juan Bautista Alberdi y a Dalmasio Vélez Sarfield, iba a tener una lectura política totalmente equivocada.

Además de la integración, ¿qué otras modificaciones deberían realizarse para un mejor funcionamiento de la Corte?

Primero creo que tendría que modificar algunas cosas el Poder Ejecutivo. Hay organismos como el ANSES y la AFIP que obligan a sus abogados a agotar las instancias para la mejor transparencia del comportamiento de sus abogados. Nosotros no somos un órgano de control de la eficacia de sus abogados. En consecuencia ese agotamiento de las instancias, en causas que son absolutamente irrelevantes, tendría que tener un control interno en esos casos. Nos sobrecarga de trabajo inútilmente. Es cierto que se puede resolver con un sello. Pero ese sello es un trámite burocrático interno que nos demora causas importantes donde pierde tiempo todo el staff administrativo.

¿Está muy burocratizada la Justicia?

En lo que hace a la Corte yo diría que no. Con motivo de esto y otras cosas tenemos una cantidad de causas muy grandes que requieren un trámite burocrático, en el mejor sentido de la expresión. No podemos leer 13.000 causas por año. Estaríamos dictando una sentencia cada 30 minutos.

De su experiencia, ¿cual es la mejor composición y funcionamiento para una Corte?

Cuanto menos seamos mejor porque más rápidamente tomamos decisiones. Una solución definitiva hay que tenerla en cuenta para la próxima oportunidad política que se abra una instancia de reforma de la Constitución. Estamos mezclando mal dos recursos que son inconstitucionalidad y casación. Cumplimos las dos funciones. Y no tenemos estructura de tribunal de casación, somos un tribunal de control de constitucionalidad. Y además nuestro control de constitucionalidad, el que sale de la Constitución, es muy débil. Estas cosas hay que pensarlas para una futura reforma constitucional en serio y tomar el modelo de los países que tienen un tribunal de casación por un lado y una corte constitucional por el otro con un control de constitucionalidad más fuerte.

Siempre que se habla de reformar la Constitución surge como un miedo a hacerlo. ¿Por qué cree que ocurre eso?

Porque normalmente toda reforma constitucional se abre por una coyuntura política que no tiene nada que ver con las cuestiones institucionales. Por ahí podemos cambiar esa modalidad. Es una experiencia histórica. Se puede seguir verificando o no. Pasemos a un sistema parlamentario, por ejemplo, lo cual me parece lo más razonable. En América Latina el sistema presidencialista está totalmente agotado. En los últimos veintipico de años hubo 18 presidencias interrumpidas, algunas violentamente, lo cual está indicando que se necesita un sistema que permita cambiar el gobierno cuando pierde consenso. Creo que en alguna oportunidad vamos a tener que ir por ese camino, mucho más racional que tener un gobierno que depende de la salud física y mental de una persona.
 

¿Que opinión le merece el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre los cortes de ruta en Entre Ríos por las papeleras?

Creo que es un fallo prudente que abre un compás de espera en este conflicto tan enojoso.

¿Le parece correcto que los gobiernos acudan a la Corte Internacional por este tipo de conflictos?

Si no hay otra solución, alguien tiene que resolver los conflictos. Un conflicto que no se resuelve es una guerra. Y no me parece que vamos a terminar en una guerra con el Uruguay por esto. El tema se ha llevado a un grado de conflictividad que no lo pueden resolver entre las partes, lo más sano es que nos hubiésemos podido poner de acuerdo y resolverlo entre las partes. Pero parece no lo logramos y alguien tiene que resolver el conflicto.

En la edición del jueves, la segunda parte del reportaje