Diariojudicial.com: ¿cómo recibió el discurso del presidente Néstor Kirchner en Córdoba criticando a la Cámara de Casación Penal por las causas de derechos humanos?
Lo recibí interpretando las palabras del Presidente como una expresión de enorme preocupación por la demora en los procesos que investigan violaciones a los derechos humanos y manifestando que el Consejo se va a ocupar del tema. Muchos medios periodísticos me consultaron si consideraba como una presión esa consideración del Presidente: bajo ningún punto de vista. Nosotros conservamos la independencia y la imparcialidad absoluta para que se investiguen los hechos denunciados, las pruebas que se vayan agregando al expediente, y dentro de los plazos procesales esperamos que haya un dictamen. Y sobre ese dictamen uno sentará su posición jurídica.
Más allá que no lo toma como una presión, ¿no hay un condicionamiento cuando el Presidente dice sé que el Consejo me va a escuchar?
No, bajo ningún punto de vista. Por su puesto que la opinión del Presidente reviste una importancia trascendental en la vida institucional argentina, pero creo que en temas como este la opinión de cualquier organismo no gubernamental, instituciones intermedias, organismos de derechos humanos, instituciones que se preocupen por la seguridad, generan al menos en lo personal, la misma preocupación. Y yo no limitaría el problema de la celeridad únicamente a las causas de derechos humanos, yo creo que todas las causas encierran derechos humanos. Y mi preocupación va un poco más allá y quiero tener una verdadera cosmovisión de lo que está pasando en la Casación para tener un diagnóstico certero de lo que está pasando en todos los procesos judiciales. El principio de que justicia lenta no es justicia, es una gran realidad, y esto es aplicable a todo tipo de causas, no sólo a las de derechos humanos.
La polémica reforma del Consejo, en su reducción de miembros, y su mayor cantidad de representantes del poder político, y especialmente del oficialismo, ¿va a influir en esta causa?
No, creo que no. Un posicionamiento de cada uno de los consejeros en una cuestión tan trascendental como es la viabilidad o no de un juicio político contra un magistrado, tiene que apartarse un poco de la disciplina partidaria, si se quiere. Y tiene que llevar a una reflexión serena, sensata, frontal, frente a la responsabilidad constitucional que se tiene.
Usted llegó a la presidencia del Consejo por el apoyo unánime de los representantes del oficialismo, ¿está condicionado a la hora de emitir algún voto?
No, en absoluto. Yo llego sin ningún tipo de condicionamiento, lo dije el primer día. Yo estoy representando a la Presidencia de un cuerpo intentando recrear su institucionalidad, intentando que se cumplan todas aquellas obligaciones que nos impone la función en un marco de ética, de moralidad y de juridicidad. Y el apoyo recibido en su oportunidad no condiciona en absoluto mi libertad de criterio.
En estos casi seis meses como Presidente, ¿nota en algún aspecto cierto predominio del poder político?
Lo que he notado es una gran apertura al diálogo, a intentar la construcción de consensos. Fíjese que los dos reglamentos más trascendentes para la vida institucional del cuerpo (NdA: el reglamento general del Consejo y el de la Comisión de Disciplina y Acusación) fueron consensuados por todos los estamentos y aprobados por unanimidad. Esto marca una tendencia del cuerpo. Ha habido muy pocos temas en donde ha aparecido algún dictamen de minoría.
Hace diez días el Consejo aprobó su nuevo reglamento. Dentro de las modificaciones se crearon dos nuevos cargos de secretarios letrados, uno para la Presidencia y otro para la Vicepresidencia, como nexo con la Secretaría General. Uno de los motivos por los cuales se reformó el Consejo era por que se creía que tenia una estructura muy grande. ¿Esta decisión no atenta contra ese principio por el cual se reformó el Consejo?
No. No olvidemos que la Presidencia del Consejo estaba en manos la Presidencia de la Corte que goza de una infraestructura en recursos humanos que facilitaban la tarea del Presidente. Nosotros simplemente hemos generado un cargo para un asistente letrado para el Presidente y otro para el Vicepresidente porque entendemos que el Vice debe tener competencias perfectamente definidas y atribuidas para cooperar con el funcionamiento orgánico del cuerpo. Razón por la cual creíamos que merecían estos dos órganos vitales para la organización del Consejo de la Magistratura contar con una asistencia de este tipo. Por otro lado, no nos olvidemos que la reforma redujo a trece los miembros, quiere decir siete consejeros menos, y consecuentemente los staff de asesoramiento de cada uno de los consejeros se vieron sensiblemente reducidos.
Otro tema que se habló mucho del Consejo fue la intención de los consejeros oficialistas de separar de su cargo al secretario general del Consejo
Se habló mucho. Los medios periodísticos lo dejaron trascender. Públicamente he dicho que no iba a aceptar ningún condicionamiento de ese tipo, ni lo acepto en la actualidad. Yo creo que los funcionarios que cumplen acabadamente sus funciones, deben permanecer en sus cargos, y para el supuesto que no la cumplen, indudablemente pueden ser separados o removidos. Pero no ha ingresado ningún pedido formal de ningún consejero oficialista solicitando la remoción o la separación del secretario general, la administradora general del Poder Judicial o del cuerpo de Auditores.
¿Qué balance de gestión hace de este tiempo como Presidente y qué se plantea como hechos puntuales para concretar en su gestión?
Hechos positivos: lograr dos reglamentos de consenso. Hemos elevado más de treinta ternas al Poder Ejecutivo para cubrir vacantes de jueces; hemos designados jueces subrogantes en aquellos juzgados que tenían inconvenientes funcionales. En materia presupuestaria y de administración y financiera hemos adquirido el ex Hospital Aeronáutico para generar el Polo Penal de la Justicia Nacional. Creo que el gran desafío que tenemos por delante es poder destrabar el conflicto que tenemos con el Poder Ejecutivo Nacional en el marco del decreto de necesidad y urgencia 557 del 2005 por el cual remanentes presupuestarios del año 2004 fueron transferidos a la Corte Suprema de Justicia. En el marco de entendimiento y de armonía que venimos desarrollando con la Corte y puntualmente con su Presidente (Ricardo Lorenzetti) hemos visto la necesidad de que esos fondos sean afectados de forma inmediata a nuestra estructura tecnológica, informática, edilicia y mobiliaria. Y hay también consenso dentro del Consejo de la Magistratura para destrabar este conflicto. Estamos en este momento en conversaciones directas con el ministro de Justicia (Alberto Iribarne), esperando una herramienta que nos permita descomprimir esa acción judicial y avanzar en lo que realmente hoy nos preocupa que es otorgarle infraestructura a todos los juzgados federales y nacionales del país.
El Consejo es una de las cabezas del Poder Judicial pero no está instalado en la agenda pública de la sociedad. La gente no conoce cuáles son sus funciones, cómo se compone. ¿Por qué cree que ocurre esto?
En realidad, el Consejo de la Magistratura es un órgano del Poder Judicial como es la Corte. Pero la Corte, tengo que reconocer, es la cabeza del Poder Judicial. El Consejo es un órgano nuevo, nacido por la modificación de la Constitución de 1994 y puesto en marcha recién en 1998, en donde indudablemente no está instalado como lo está el máximo tribunal de Justicia del país. Pero su función es relevante para la vida institucional argentina, el proceso transparente de designación y destitución o sanción de aquellos magistrados que no cumplen sus funciones hace a la esencia de la vida republicana, por eso que es trascendente que ningún otro poder del Estado interfiera en las políticas propias del Poder Judicial de la Nación y de ambos organismos.
¿En ese sentido considera que el discurso del presidente Kirchner interfirió en el Poder Judicial?
No. Yo no lo tomo de esa manera. No entro en el análisis, simplemente digo a mi no me genera ningún tipo de interferencia para el cumplimiento del mandato.
Mucho se ha discutido respecto a cómo debe estar compuesto el Consejo de la Magistratura. Si tiene que haber representantes de los poderes legislativos y ejecutivo, si tiene que ser solamente integrado por jueces. En algunos Consejos de la Magistratura provinciales hay representantes ciudadanos y de agrupaciones gremiales. ¿Cuál considera que debe ser la composición del cuerpo?
Yo creo que la composición estamentaria como está diseñada, no es mala. Están los representantes naturales del pueblo que son los diputados y senadores de las provincias argentinas. Un representante del Poder Ejecutivo que marque claramente cuál es la política del Poder Ejecutivo en materia de Justicia. La presencia de los jueces que viven en carne propia la problemática de la organización y funcionamiento del Poder Judicial y la visión de los abogados y los académicos que es de vital importancia a la hora de poner un grado de imparcialidad a esa visión que pueden tener los jueces. O sea que la composición me parece coherente, razonable. El problema es el desequilibrio que ha generado la reforma legal y que como lo denunció la Federación Argentina de Colegios de Abogados conculca el espíritu constitucional. Eso lo ratifico en donde puedo.
En ese desequilibrio usted considera que mayormente perdieron los abogados
Sí, yo digo que es el estamento más lesionado porque además nos han quitado la posibilidad de participar en la Comisión de Selección, ya que a la hora de escoger el perfil de juez que la sociedad necesita la opinión de la abogacía es muy valiosa.
En este contexto ¿cuál es el mejor perfil de juez?
El mejor perfil de Juez es aquel que no solamente reúne las condiciones de idoneidad técnica y moral que el cargo exige, si no que además reúne diversas exigencias éticas como por ejemplo capacidad de liderar, disposición a responder, etc. En definitiva, el candidato a la magistratura deberá demostrar su idoneidad en la faz humana, más allá de las funciones inherentes a su cargo.
Muchos consideran que los jueces son corporativos. ¿comparte esa opinión?
No. Mi experiencia me demuestra que hay jueces muy honestos, probos, que realmente les preocupa su función y que no juegan ni al amiguismo, ni a la protección que le pueda generar una corporación o una familia. Sino que se inspiran en el cumplimiento de sus funciones para lograr los objetivos que les son propios. Y yo le diría que son la generalidad.
La falta de personal y de equipamiento que existe en la Justicia, ¿influyen a la hora del trabajo o no es un elemento sustancial?
Sí, influyen. La falta de recursos humanos y de todos los recursos que hacen al quehacer, afectan la función del juez. Y en esa misión estamos nosotros. Por eso hablaba de la importancia de destrabar este juicio con el Poder Ejecutivo y poder dotar de un sistema informático uniforme, que garantice dos cosas. Primero: poder determinar el estándar de calidad esperada en la gestión de los jueces pero además que posibilite una verdadero control de la gestión a través de estos sistemas. De manera tal de poder tener una evaluación real y estadística de lo que está pasando en cada uno de los juzgados y poder a partir de términos comparativos definir quién tiene razón en sus reclamos y quién no la tiene. Porque de lo contrario poner a toda la justicia en un plano de igualdad sería inequitativo y llevaría a una desigualdad enorme.
¿Por qué es tan difícil efectivizar a los meritorios?
Hoy depende de la voluntad del Poder Ejecutivo Nacional. No nos olvidemos que tanto el Consejo de la Magistratura como la Corte Suprema de Justicia generaron la partida presupuestaria y el Poder Ejecutivo no le dio andamiaje y no la giró para su aprobación al Poder Legislativo. Por lo tanto no depende ni de la Corte ni del Consejo de la Magistratura la resolución del tema meritorios.
Una reciente acordada de la Corte Suprema establece nuevos requisitos formales para la presentación del recurso extraordinario ¿cuál es su opinión como abogado?
Son formalismos no imposibles de cumplir y que hacen a la revisión de carácter extraordinaria que tienen las sentencias emanadas de los Superiores Tribunales de Justicia Provinciales o de las Cámaras Federales del país. Por lo tanto pueden generar en el ejercicio profesional un trabajo adicional, sobre todo lo digo como abogado, que indudablemente genera algún tipo de malestar en virtud que todas las cuestiones formales parecieran en principio obstaculizar las cuestiones de fondo que se pretende llevar a conocimiento de los ministros de la Corte. Pero creo que la acordada obedece a una serie de necesidades que tenia la Corte de sistematizar y darle una mejor metodología al trabajo. No nos olvidemos que si mal no recuerdo entre 1995 y el 2005 la Corte resolvió 280.000 expedientes. No nos olvidemos tampoco que con la problemática de la emergencia económica del corralito ingresaron a la Corte 25.000 o 30.000 expedientes.