El Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires salió este lunes a cuestionar el proyecto de ley que propone otorgarle a una comisión bicameral de diez legisladores y a la Corte Suprema la facultad de acusar a los jueces por mal desempeño. Actualmente, en la provincia de Buenos Aires, sólo pueden iniciar un Jury la Procuración General, el Colegio de Abogados y los particulares.
“El proyecto no otorga mayor poder a los ciudadanos comunes, a quienes la Constitución ya reconoce el derecho a iniciarlo y sostenerlo, sino que es una herramienta que, dejando a salvo las buenas intenciones de quienes la impulsan,
abre la posibilidad de que se presione a jueces, fiscales y defensores para proteger determinados intereses”, dijo esa institución a través de un comunicado.
Y agregó: “La maniobra de iniciar un Jury y mantenerlo pendiente de tratamiento es una práctica lamentablemente extendida en distintas jurisdicciones de nuestro país con la que se busca mantener en vilo y tiro de presión a los miembros de la Justicia para alinearlos con el poder político”.
El comunicado menciona el caso Gerez, a raíz del que varios diputados oficialistas amenazaron con iniciarles un juicio político a los fiscales, aunque luego desistieron. El argumento, en ese momento, había sido que los funcionarios no habían investigado la pista que apuntaba a policías y ex policías. Pero también se los acusó de maltratar a los familiares de Gerez.
“La independencia del Poder Judicial es una garantía republicana que protege a los ciudadanos de los avances sobre sus derechos, sus bienes y sus libertades. Pretender subordinar la Justicia a la política recuerda los momentos más oscuros de la historia de nuestro país”, concluye el texto difundido por el Colegio de Magistrados y Funcionarios.
El proyecto de ley que el bloque de senadores del Frente para la Victoria (FpV) busca acordar con la oposición dispondría, entre otras medidas, que una comisión bicameral de diez legisladores y la Corte Suprema puedan sumarse a las personas y órganos habilitados para denunciar y acusar a los magistrados por presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
La iniciativa dispone, además, que el secretario del Jurado de Enjuiciamiento será designado por la Legislatura, y no por la Corte, como ocurre actualmente. También prevé la creación de un cuerpo de instructores para realizar la acusación, que dependería justamente del secretario.
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