La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó un proyecto de ley que establece un nuevo procedimiento para acelerar los procesos penales relacionados con delitos que son descubiertos "in fraganti" y que podrían resolverse dentro de las primeras 48 horas. La iniciativa, que pasó a la Cámara de Senadores, alcanza a las causas donde se investiguen delitos que contemplen sanciones de menos de 15 años de prisión.
El proyecto se basa en una propuesta del fiscal de Instrucción Alejandro Iturbide y del juez de Delitos contra la Propiedad, Manuel Cruz Videla, y contó con el aval de la Suprema Corte de Justicia de esta provincia. Sin embargo, lleva la firma de siete legisladores: tres justicialistas (Carlos Ciurca, Roberto Blanco y Nidia Martín) y tres radicales (Humberto Montenegro, Mirta Díaz, Amalia Monserrat y Leticia Oldrá).
Su aprobación llegó poco tiempo después de un pedido explícito del gobernador Julio Cobos, quien se refirió al proyecto durante su discurso en la Asamblea Legislativa, donde dio por iniciadas las sesiones ordinarias de la Legislatura local.
La iniciativa, que instaura el denominado procedimiento directísimo, exige una reforma legislativa en el Código Procesal Penal. Entre otras cosas, establece que los juicios sumarios previstos para los delitos “in fraganti”, “estarán rodeados de las garantías constitucionales que todo justiciable merece por lo que ningún reproche con fundamento legal se podrá alzar en contra de los mismos”.
También aclara que en los casos en que se procediera a la aprehensión “in fraganti” y siempre que se trate de un delito doloso que no sea competencia de la Justicia Correccional y no supere la pena de quince años de presión o reclusión, o concurso de delitos que no superen dicho monto, “el fiscal de instrucción formará las actuaciones en el plazo de un día hábil desde aquella y presentará en audiencia al imputado frente al Juez de Garantías y con la presencia del defensor”.
El proyecto, que se inspira en la experiencia desarrollada en Mar del Plata, se hará efectivo a través de una prueba piloto en el Departamento de Guaymallén.
Los autores del proyecto aseguran que “la lentitud conspira contra el sistema penal y que este procedimiento (que tiene antecedentes en Chile y Mar del Pata) dará un mensaje positivo a la comunidad respecto la celeridad de procedimientos, juicios y sentencias que conllevarán a descomprimir la sensación de inseguridad frente a la impunidad hoy existente”.
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