LA TRAMA. El experimentado y respetado periodista Román Lejman, jefe de noticias de America 2 sucumbió a la amarilla tentación. Consiguió como primicia exclusiva las fotos del cadáver de Nora Dalmasso en la escena del crimen y decidió mostrarlas en el noticiero de las ocho. Y encima las mostró de la mano de la siempre políticamente correcta Mónica Gutiérrez , en plena prime time y supuestamente –por el horario- con toda la familia presente. Se sabe que para los periodistas la primicia exclusiva es como una dama tentadora a la que es casi imposible decirle que no. Automáticamente colegas y no colegas se pusieron a opinar. Las radios abrieron su línea de oyentes para escuchar voces a favor y en contra. Un verdadero festín. Rápidamente la familia presentó un amparo para que se prohíba al canal seguir mostrando las cuestionables fotos. La Justicia respondió con celeridad, dejando al abogado más feliz que perro con dos colas. “Esta vez la Justicia respondió” se regodeaba en varios medios. La juez actuó en forma rápida y brindando una solución que no sólo involucraba al canal en cuestión, sino al mismo Comfer, responsabilizándolo porque ningún otro medio se atreviera a violar la prohibición impuesta. Así y todo para los osados, reservaba una multa de 50.000 por cada vez que alguien se atreviera a violar la prohibición. ¿Era necesario mostrar las fotos? Seguramente no. Poco aportaban a nivel periodístico para la audiencia. Sí mostraban un acierto o un golpe de suerte de la producción al conseguir un material que ningún otro tenía. Si bien las voces en contra fueron más que las voces a favor, hubo algunas reflexiones interesantes de parte de los defensores de la mostración. Hubo quien emulando a Sherlock Holmes se aventuró a sacar conclusiones en clave detectivesca: “la escena del crimen parecía armada, las sábanas estaban cuidadosamente acomodadas, eso es un indicio”. Otro no sin sentido común decía: “programas como policías en acción o detectives médicos se la pasan mostrando cadáveres y autopsias. ¿Qué tiene de distinto este cadáver?”. Al margen de las obvias diferencias de poderío económico y clase social, seguramente también difieren en el andamiaje jurídico que da pie para este tipo de programas. Es posible que los participantes o sus familiares estén firmando algún tipo de consentimiento para aparecer en TV, cosa que obviamente no sucedió en el caso Dalmasso. Al margen de este caso particular, hay evidentemente un nudo interesante de desenredar en las relaciones entre el periodismo y los tribunales. El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti detectó tempranamente el interés del cruce. Se volvió un ferviente interesado en operar sobre un escenario tan atractivo como difícil. Pudo colegir que parte del descrédito que padece el Poder Judicial, tiene que ver con fallas en la comunicación. Por eso intentó al principio con una solución medio naif: pedir que los jueces se esmeren en la claridad de sus fallos. Según Lorenzetti, para que los medios sean mejores traductores de la realidad judicial hay que empezar, primero con jueces que escriban más claro y se comuniquen mejor con la prensa, y luego hay que capacitar convenientemente a los periodistas especializados en la temática judicial. Sin embargo, el problema de las sentencias judiciales no es la claridad sino la calidad. Hay muchos fallos de obvia mala calidad. Por eso la Corte, que aspira a ser un tribunal de control constitucional, con pocas causas y mucho prestigio, ve impotente que tiene que salir a arreglar más de un desaguisado. En privado muchos ministros confiesan que se ven cosas increíbles. Claro que no todo llega –ni debería llegar- a la consideración de la Corte. Muchos estiman que no vale la pena intentar un pronunciamiento de la Corte y que, a pesar de la injusticia o el fallo arbitrario, no se justifica invertir tiempo, esfuerzo y dinero en llegar al Máximo Tribunal. Para los obstinados y los valientes, el famoso 280 que pisa causas, es el terror de quienes pretenden aventurarse a tan supremas alturas. Quienes sobreviven a la auto limitación y a los selectivos criterios de la Corte, pueden eventualmente lograr que un tribunal tenga que volver a revisar una decisión incorrecta. Ganan pocos, como con el Quini 6. Por eso el secreto, más que tratar de que el Máximo Tribunal decida sobre todo –algo imposible-, es mejorar la calidad de los fallos. No sólo las estadísticas y la velocidad, sino la calidad jurídica y la razonabilidad de lo decidido.
EL REVES. Cuando aún resonaban los ecos de la decisión judicial de la jueza cordobesa, todos esperaban ver cómo reaccionaría en los hechos el díscolo noticiero. Porque juntamente con las palabras del abogado Lejman que al afirmar que ellos se allanarían a la decisión judicial de no mostrar las fotos de la occisa, concluía que los efectos del amparo no terminaban de afectarlo ya que él había mostrado lo que quiso mostrar sin censura previa y que ante la orden de no reproducirlas nuevamente, a él no le costaba demasiado trabajo acatar. La noche posterior a la comentada emisión muchos frente al televisor podrían ver imágenes de la escena del crimen, ya sin el cadáver de Nora Dalmasso. La pregunta es, ¿las imágenes de la escena del crimen estaban o no incluidas en la prohibición judicial? El canal entendió que no. Es obvio que cuando hay una prohibición bajo sanción de multa, debe indicarse con total precisión y de manera estricta cuál es el alcance de la misma. Cualquier estudiante medio pelo de Derecho lo podría afirmar con idéntico énfasis. Sin embargo hay jueces que del capricho hacen un sacerdocio y de la ignorancia un trofeo. Que en un caso análogo, pero no similar (el medio no era un canal de TV, y lo que se mostraba había sido provisto para ello por el mismo Poder Judicial, que él integra) pretendiendo aplicar una multa por supuesto incumplimiento de una orden suya y desconociendo obviedades constitucionales del derecho sancionatorio, amplió difusamente los alcances de su prohibición. Poniendo en cabeza de quien debió padecer la multa, la carga de tener que interpretar cuál fue el espíritu difuso de su decisión. Y ni aún después de haber acatado la imprecisa extensión, se interesó en determinar hasta qué día debía correr la multa. Transformando en un inexplicable barril sin fondo los resultados económicos de una orden él mismo reconoció como confusa. En el caso de Dalmasso la jueza, no sólo que fue precisa, sino que tuvo el buen tino de ordenarle al Comfer de que comunique a la totalidad de los medios bajo su jurisdicción administrativa, la prohibición. En el caso análogo, digno del Super agente ochenta y seis y su novia, la 99, los responsables del juzgado ubicado en el barrio porteño de Retiro, prohibieron a un medio publicar una información judicial que reprodujeron y la siguen reproduciendo sin problemas, otros medios colegas. Un absoluto sin sentido, que no cumple la real pretensión de proteger supuestos derechos. Como se ve en este terreno se improvisa mucho y cuando hay agua en un colador, no es suficiente con tapar un solo agujerito. Las buenas intenciones de la Corte se estrellan día a día con casos como este. Que bajo la excusa de los impulsos de parte, disfrazan bajo una acción de amparo un ridículo apetito patrimonial. Estos casos que aparecen esporádicamente, sirven para medir la aggiornada tensión entre los medios y la Justicia. Lorenzetti habla con los medios y muestra la nueva cara de la Corte como cabeza de poder, pero también sería bueno que le hable a sus jueces y de paso les mande algunos fallos del Máximo Tribunal para que se ilustren sobre temas de libertad de expresión y doctrina de la arbitrariedad. De no hacerlo la Corte se terminaría ahogando en un manojo de buenas intenciones. Ni los medios se van a querer acercar a los jueces, porque éstos los repelen, ni podrá disminuir las causas del tribunal, porque todos van a usar a la Corte como tercera instancia, en busca de la retaceada justicia de las instancias ordinarias en temas vinculados a medios de comunicación.
dju / dju
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