"En materia ambiental la producción de la prueba es compleja"

Como todo aquel que recién comienza con un emprendimiento nuevo, se lo ve con mucha energía. Ramiro González es el titular de la Fiscalía de Delitos Ambientales y recibió a Diariojudicial.com en el tercer piso de un edificio de oficinas ubicado a metros de la Plaza San Martín.

Durante la charla, se preocupó más de una vez en aclarar cuáles son las funciones de la Fiscalía que tiene a su cargo. “Lo primero que les aclaramos a los denunciantes es que nuestra competencia es muy acotada, para no crear una expectativa irreal”, explica. Sucede que gran parte de las denuncias que recibieron en estos casi tres meses (muchas de ellas fueron por mail) terminaron en el archivo por desconocer la competencia real de la UFIMA. En otros casos, el expediente ya estaba abierto ante otro tribunal.

Además de recibir denuncias, la Fiscalía fue creada con otros objetivos. Uno de ellos es acelerar y mejorar la capacitación de los peritos. Ese, sin duda, es un problema y una carta pendiente para los que se dedican a temas ambientales dentro de la Justicia. “Estamos tratando de agilizar convenios para mejorar todo lo relativo a pericias y producción de pruebas, lo que es realmente complejo por lo técnico, por lo interdisciplinario y por lo costoso de los insumos. Esto es precisamente algo que perjudica a los denunciantes, y que lo padecemos jueces y fiscales a diario”, reconoce González, que reparte su tiempo entre la Fiscalía de Dolores, donde sigue trabajando, y la UFIMA.

Paralelamente, la Fiscalía se dedica a colaborar con jueces y fiscales que lleven adelante investigaciones vinculadas a delitos contra el Medio Ambiente y la Salud Pública. Ello incluye su propia capacitación y crear los lazos necesarios con las fuerzas de seguridad que trabajan como auxiliares de la Justicia. Aunque la iniciativa llegó tarde, si se tiene en cuenta el panorama internacional (en Brasil ya hay 400 fiscales ambientales), los que forman parte de ella están ilusionados. Habrá que dejar pasar el tiempo y ver los resultados.

¿Actualmente están en la etapa de relevamiento de causas?

Sí, es uno de los objetivos de la Unidad. Entre las distintas actividades que tenemos está por un lado la actividad de requirente o jurisdiccional de iniciar investigaciones preliminares, es decir, dentro de la ley de Ministerio Público tenemos facultades para iniciar una suerte investigación, que eventualmente puede culminar en un archivo, en una formulación de denuncia o un pedido de algún fiscal del lugar si es ajeno a nuestra jurisdicción y efectuar el correspondiente requerimiento penal. También hemos recibido muchos pedidos de colaboración ya sea de distintas fiscalías federales y aún así de juzgados federales que a partir de tomar conocimiento de la creación de la Unidad han tomado contacto con nosotros a fin de que examinemos algunos expedientes y eventualmente le podamos sugerir alguna medida que pueda clarificar el objeto procesal de la investigación. Por otra parte lo que estamos tratando de efectuar es un relevamiento de doctrina y jurisprudencia en el orden nacional, sumado a un estudio de las causas penales existentes para tratar de efectuar un diagnóstico de la situación y proponer soluciones que podamos realizar desde este Ministerio Público.

¿Se pusieron un plazo para el relevamiento de causas?

No, pero además va a ser algo constante, porque siempre va a haber causas y de hecho va haber nuevos fallos. Lo primero que hicimos fue oficiar a todos los jueces y fiscales federales del país, poniéndolos en conocimiento de la creación de la Unidad, de los alcances de la misma , de nuestras limitaciones, de cuál es nuestra competencia y poniéndonos a su disposición, una suerte de intermediación para colaborar en aquello que necesiten y que podamos. A su vez hacer un estudio del mapa penal: la idea es tratar de tener algún sistema, no estar esperando a que los hechos acontezcan sino de ver cuál es la realidad y tratar de adelantarnos, pero obviamente lleva tiempo al no estar todo informatizado, es una tarea amplia....

¿Pero la Fiscalía también recibe denuncias, no?

Sí, claro, la Fiscalía recibe denuncias, el horario de atención al público es de 8 a 17 horas. Hemos recibido denuncias de personas que han tomado conocimiento por distintos medios. También hemos recibido denuncias por mail. En ese caso lo que hacemos es contactar al denunciante, decirle qué formalidades debe tener la denuncia y que debe presentarse personalmente y con la documentación correspondiente.

¿Recibieron más denuncias de las que esperaban?

En estos dos meses hemos recibido alrededor de cuarenta expedientes, muchos ya se han culminado, porque convengamos que nuestra competencia es acotada a lo que marca la “Ley de Residuos Peligrosos”, aquellos delitos que afectan la salud pública. Podemos encontrar desde el artículo 200 en adelante del Código Penal, o la Ley de Fauna, cómo así también algún otro delito conexo. En materia ambiental conviven normas provinciales, municipales y nacionales, también hay muchas normas administrativas. Entonces mucha gente al tomar conocimiento de la creación de la Unidad se presentan. Lo primero que les aclaramos es que nuestra competencia es muy acotada para no crear una expectativa irreal.

¿Entonces muchas denuncias han sido archivadas?

Sí, hemos archivado aquí porque no había elementos para avanzar en base a nuestra competencia pero sí le hemos dado intervención y derivado las mismas a la autoridad de aplicación correspondiente, ya sea una autoridad administrativa o una autoridad jurisdiccional -provincial o federal- de otro lugar.

¿Muchos denunciantes entonces han llegado a la Fiscalía sin conocer su real competencia?

Claro, eran hechos ajenos a la competencia y a la materia de la Fiscalía, algunos están dentro de la esfera administrativa, autoridad de pesca, o gestiones en Jujuy que hacía a normativas provinciales, un hecho netamente local, se recibió una denuncia, se realizó la investigación y se remitió a la autoridad competente.

¿También sucedió en varios casos que la denuncia ya estaba hecha?

En muchos casos estaban virtualmente reproduciendo una denuncia que ya estaba siendo investigada. Lo que se hizo fue certificar y acompañar la misma a esa investigación que ya estaba en curso, como ordenan las normas procesales vigentes, Y sí lo que hemos hecho en esos casos es hacer la colaboración que este Ministerio Público puede prestar. Recibir, se recibe a todo el mundo las denuncias, pero sí hay que seleccionar: nuestra competencia es acotada como dicen las normas vigentes en materia federal y a ellas debemos ceñirnos; pero eso no obsta a que se pueda derivar a la autoridad administrativa en el orden nacional, provincial o municipal correspondiente o al Juzgado y/o Fiscalía que ya está interviniendo o que sea competente en razón del territorio o de la materia.

¿De esos cuarenta expedientes cuántos han continuado?

Aproximadamente el 20 %. En algunos casos ya hemos hecho una denuncia y hemos sugerido una imputación penal y estamos trabajando en alguno, pero no son temas sencillos. La realidad es que en materia ambiental la producción de la prueba es compleja, la carencia de medios, recursos humanos, no quiero decir que no los tengamos nosotros porque hay un apoyo muy fuerte pero es algo que luchamos cotidianamente todos los Jueces y Fiscales.

¿Tienen entonces suficiente cantidad de colaboradores, están conformes con los elementos con los que cuentan?

Estamos avanzando en la medida de celebrar convenios para poder agilizar todo lo relativo a pericias, producción de pruebas, lo que es realmente complejo por lo técnico, por lo interdisciplinario, por lo costoso de los insumos y de los equipos. Esto es precisamente algo que perjudica a los denunciantes, y que lo padecemos jueces y fiscales.

¿En cuanto al tema de los peritos, es necesaria una capacitación?

Por supuesto. Así como ocurre en otros items (en materia contable o caligráfica), en materia ambiental no hay peritos específicos, no abundan si bien se ha avanzado. Más de allá de las actividades del relevamiento, de doctrina y jurisprudencia, hemos entablado reuniones con los auxiliares nuestros, es decir, con las fuerzas de seguridad, para plantear cuál es el potencial con que cuentan. Tenemos una gran cantidad de consultas de jueces y fiscales que carecen de los medios, porque no tienen para hacer tal o cual medida de prueba. Estamos tratando de avanzar sobre ello, celebrar convenios con institutos u organismos especializados en la materia para que se pueda agilizar. Aquí hay una realidad cierta, los costos de estas pericias son muy altos. Por eso estamos viendo la manera de achicar esa brecha.

Queda todavía mucho camino por recorrer en ese tema ....

Hay que avanzar en ese tema. Hay un compromiso de la Secretaría de Ambiente y se está cumpliendo, pero hay muchos jueces y fiscales a lo largo de todo el país que cotidianamente tienen ese problema.

Los expertos dicen que ahora necesitamos tribunales ambientales, ¿usted qué opina?

La creación de la Fiscalía es un buen punto de partida, tiene que ser un disparador en las distintas provincias. Salta ya tiene su propuesta, Neuquén también. Hay un proyecto en la Provincia de Buenos Aires de crear Unidades Fiscales como especialidad, como pasa en todo el mundo. En Latinoamérica, para dar un ejemplo, Venezuela tiene 19 fiscalías ambientales, Costa Rica tiene 3, Honduras tiene 9, Brasil tiene alrededor de 400, México también ha avanzado mucho....

¿Ya tuvieron encuentros con los Fiscales ambientales de otros países?

Ya tuvimos encuentros con gente de Paraguay, con gente Brasil. La idea es obviamente tener un intercambio, en realidad es más beneficioso para nosotros porque es más lo que recibimos que lo que podemos aportar.

¿Cómo es la relación con las delegaciones del interior?

La Unidad tiene sede en Buenos Aires, pero el Procurador dispuso acertadamente, que haya cinco enlaces. Las denuncias pueden recibirlas ese enlace pero convengamos que ya hay fiscales actuando en todo el país. Ellos después nos pueden pedir la intervención si lo consideran conveniente, pero los canales siguen siendo los mismos. Esto obviamente genera mayor movimiento y quizás la posibilidad de tener un cuerpo especializado.

Otro de los objetivos de la Fiscalía es proponer soluciones normativas, ¿eso va a costar más que otros objetivos?

Es uno de los objetivos que está en la resolución. Ya hemos tomado contacto con gente de la Secretaría de Ambiente, que está trabajando en distintas propuestas.

Con el tema del Riachuelo específicamente, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes?

La competencia es iniciar investigaciones o denunciar a aquellas empresas que afecten al ambiente, infringiendo la ley 24.051, o la salud pública. De hecho, ya la Secretaría de Medio Ambiente en algunos expedientes administrativos de ellos, ha evaluado que podían algunas empresas ser pasibles de estar en este delito penal, más allá de su incumplimiento administrativo. Hemos tomado intervención y están las investigaciones en curso.

Teniendo en cuenta la actuaciones en las que han intervenido, ¿cuáles son los delitos más denunciados hasta el momento?

Lo más denunciado es la 24.051, la Ley de residuos peligrosos.

¿Cuál es el origen de las denuncias ?

Hemos tenido de particulares, pero también la Secretaría de Medio Ambiente nos ha dado intervención en aquellas causas que entendían que podría haber algún delito penal.



nicolás pizzi / dju