A pesar de las intervenciones judiciales y la constante lucha de distintos organismos por los derechos humanos, sigue siendo preocupante la situación en las cárceles bonaerenses. El pasado 3 de agosto un tribunal platense ordenó que se tomen medidas urgentes que garanticen la asistencia médica para los chicos que residen junto a sus madres en las prisiones de la provincia, pero a una semana el gobierno de Felipe Solá aún no cumplió con la decisión judicial.
Tras la muerte de un bebé en la Unidad 33 de Los Hornos el 17 de julio último, el tribunal Criminal N 1 de La Plata, integrado por los jueces Samuel Saraví Paz, Guillermo Labombarda y Patricia De la Serna , libró oficios al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Desarrollo Humano y al Ministerio de Salud para que provea de “manera inmediata y coordinada a la totalidad de los niños y niñas que residen con sus madres en el Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires la atención sanitaria especializada, guardia pediátrica permanente, instrumental y aparatología adecuada, coordinación con centros de salud próximos y unidades de traslado, para garantizar el acompañamiento materno”.
La presentación de la acción del amparo colectivo a favor de los niños que dio lugar a la medida, fue realizada por el Comité Contra la Tortura de la Comisión por la Memoria bonaerense. Ellos mismos fueron quienes el jueves constataron que aún no se había cumplido con la orden judicial. Desde el propio comité señalaron que en la Unidad 33 de Los Hornos solo hay dos pediatras para los 79 niños alojados, que representan el 86 % del total que hay hoy en la Provincia.
Esa asistencia es totalmente insuficiente y los números lo demuestran. En la Unidad 33 el 27% de los niños alojados padecen enfermedades que en su mayoría se vinculan con afecciones respiratorias.
Por otra parte, buscando una solución más de fondo al problema, el mismo Tribunal platense resolvió que “cada unidad carcelaria comunique a los juzgados y tribunales a cuya disposición se encuentran las mujeres privadas de libertad, sobre la resolución 23/06 de la Secretaría de Política Penitenciaria y Rehabilitación Social del Ministerio de justicia. Esta otorga prioridad en la asignación del uso de pulsera magnéticas a aquellas internas procesadas o penadas alojadas en establecimientos carcelarios conjuntamente con sus hijos menores de edad”.
Este planteo, también hecho por el Comité Contra la Tortura, busca proteger el vínculo materno y privilegiar medidas de detención alternativas a la prisión para las mujeres detenidas junto a sus hijos, cualquiera sea su situación judicial.
En este mismo sentido, la Cámara de Diputados de la Provincia impulsó la modificación del Código Procesal Penal para obligar a los jueces a disponer el arresto domiciliario, cuando la imputada de un delito esté embarazada o sea madre de un chico de hasta 6 años de edad.
dju / dju
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.