04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Funcionarios irregulares en el Instituto de la Vivienda

El juez en lo Contencioso y Administrativo Roberto Gallardo presentó una denuncia penal contra funcionarios del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, en el marco del amparo por el problema habitacional de los habitantes de la incendiada Villa El Cartón. El magistrado detectó irregularidades en la construcción de dos comedores en el predio de Parque Roca donde están alojados los damnificados. Además, intimó al Gobierno porteño a que cumpla con la medida precautelar ordenada la semana. TEXTO COMPLETO

 
La lucha por encontrar una solución al problema habitacional de los habitantes de la incendiada Villa El Cartón, tiene un nuevo capítulo. El juez porteño en lo Contencioso y Administrativo Roberto Gallardo denunció penalmente a los funcionarios de Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Fue por haber detectado irregularidades en la construcción de dos comedores en el asentimiento del Parque roca, donde están alojados los damnificados.

Según la resolución dictada ayer por el magistrado, “se habrían licitado, pagado ($ 161.975.44) y entregado (con certificación definitiva de obra a plena satisfacción) dos comedores comunitarios. Sin embargo, constituidos en el lugar, no existen, ni existieron con anterioridad, siendo que sólo en el día de anteayer (por el lunes) habría comenzado la construcción por otra contratada del esquema de uno de ellos (base y tirantes laterales)”.

De esta manera, la denuncia involucra principalmente al titular del IVC, Claudio Freidin, y al subgerente Hugo Campos.

Además, para corroborar con prueba documental la imputación, Gallardo ordenó el miércoles por la tarde el allanamiento del edificio del IVC con el fin de conseguir “la totalidad de los expedientes administrativos que se encontrasen en dichas dependencias y que guardaran vinculación con las obras ejecutadas y/o a ejecutarse en el predio de Parque Roca y que tuvieran data desde el 10 de febrero del año en curso, hasta la fecha”. Sin embargo, fuentes de la Justicia local indicaron que no se pudo dar con todos los documentos buscados.

La denuncia tuvo lugar tras la inspección que realizaron el miércoles al mediodía Gallardo y el asesor tutelar de menores, Gustavo Moreno, en el asentamiento Parque Roca. Allí, constataron que los únicos comedores funcionando en el lugar son La Misión y Las Gemelas, a cargo de dos vecinas del lugar, que nada tienen que ver con los licitados ni mucho menos fueron construidos por el Gobierno de la Ciudad.

La resolución de Gallardo, también señala que “existen serias irregularidades en la tramitación de otras tantas contrataciones, efectuadas al amparo del Decreto 221/07 que se dictó para dar habitación transitoria a las víctimas del incendio del asentamiento denominado Villa El Cartón”.

En ese sentido, remarca que “los montos involucrados no guardarían proporcionalidad ni vinculación con el estado de abandono, carencia e indignidad en el que habitan las familias alojadas en el predio estatal, lo que hace suponer un agravamiento de las sospechas que se evidencian en el presente trámite”.

Es así como a partir de estas consideraciones, el juez Gallardo resolvió “denunciar penalmente las conductas desplegadas por los funcionarios del I.V.C. descriptas en el informe del Ministerio Público y todas aquellas que pudieran vincularlos con la gestión estatal frente a la emergencia operada con motivo del incendio del asentamiento de Villa El Cartón”.

Por otra parte, el magistrado intimó al Gobierno de la Ciudad “para que en el plazo de dos días se de íntegro cumplimiento” a la medida precautelar que ordenó la semana pasada en el marco de esta misma causa, y lo hizo “bajo apercibimiento de imponer sanciones conminatorias a los ministros de Educación, de Medio Ambiente y al presidente del IVC”.

Gallardo había ordenado adecuar las viviendas transitorias construidas en el asentamiento de Parque Roca, realizar un relevamiento sanitario en el lugar, suministrar alimentos y reestablecer el transporte público para los habitantes del predio, en el que viven más de 250 familias.

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