Ranking de causales en las denuncias contra jueces

La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, con el objeto de conocer cuáles son las principales imputaciones que se le realizan a los jueces en las denuncias que llegan al cuerpo, realizó un relevamiento de todos los expedientes en trámite. Así logró constatar que la demora en el proceso es la principal causa que esgrimen los denunciantes.

De acuerdo al análisis de los 218 casos que los consejeros tenían en estudio hasta el 31 de agosto pasado, en el 20 por ciento de los mismos (45 casos) se les imputa a los magistrados demoras en la administración de justicia. El porcentaje parece bajo pero se debe a que en total hay más de 40 causales de denuncia y que en algunas oportunidades se imputa más de una cosa.

De todas maneras, se puede observar que el 82 por ciento de los expedientes tienen su origen en las diez imputaciones más frecuentes, que son: además de la falta de celeridad, parcialidad (20 casos), incumplimiento de los deberes de funcionario público (21), prevaricato (12), denegación de justicia (13), desconocimiento del derecho (17), arbitrariedad (12), irregularidades en el proceso (9), violación de normas procesales (9) y encubrimiento (7).

“La idea es que los jueces pueden ver cuales son las causas de las denuncias que recibimos contra ellos”, dijo la presidenta de la Comisión de Disciplina y acusación Diana Conti.

Respecto al alto número de denuncias por demora, la diputada explicó que el consejero Nicolás Fernández “ha tomado bandera en analizar específicamente en cada expediente la demora, es decir, a qué obedeció, cuándo está realmente justificada y cuándo no”. Mientras que recordó que ya “se le avisó a los jueces que no se va a admitir mas la justificación genérica para los casos de demora”, como por ejemplo el colapso de causas por el corralito. “Generalmente se defienden con eso”, dijo Conti.

Siguiendo el análisis de las causas que motivan denuncias, entre las más de 40 imputaciones hay algunas que son llamativas. Por ejemplo, un caso de mala conducta, donde hay una denuncia genérica referida a la conducta desplegada por una jueza en el barrio cerrado en el que vive (Exp 134/07), o el expediente contra una cámara comercial porque habría confirmado una sentencia condenando a una persona que no se hallaba demandada. Aquí el letrado denunciante decía que en el sistema informático de la Cámara solo hay una demanda que es diferente a la persona de su cliente, aunque ya se comprobó que se trató de un error en la carga de datos del sistema, ya que en las actuaciones el cliente estaba demandada y se presentó.

Por otra parte, estadísticas del Consejo muestran que con la unificación de la comisión de Disciplina y Acusación se ha logrado mayor celeridad en el tratamiento de los expedientes, ya que en la primera mitad de 2007 se resolvieron 234 casos, un 15 por ciento más que en el mismo período de 2006, cuando Disciplina y Acusación funcionaban por separado.

Este año, de los 237 expedientes tratados entre febrero y julio, 231 fueron desestimados y sólo en 3 se resolvieron sanciones disciplinarias, como en el reciente caso del juez de Menores Velázquez, que fue apercibido. Mientras que en uno de dictámenes se aconsejó la apertura del juicio político al juez en lo Penal Económico Guillermo Tiscornia.

En tanto que en 2006 hubo 242 desestimaciones en la comisión de Disciplina, habiéndose aprobado sólo un apercibimiento, que fue contra el juez federal de Corrientes Soto Dávila. Por su parte, Acusación rechazó 115 denuncias contra magistrados y recomendó el inicio del proceso de remoción de 16 jueces. Aunque el plenario aprobó únicamente cuatro de esos dictámenes: el de Emilia García, Felipe Terán, Carlos Degiorgis y Julio Cesar Miralles. De estos, Terán fue el único destituido, ya que en los otros tres casos el Ejecutivo aceptó la renuncia de los magistrados.

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