Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y chaqueña a las comunidades indígenas, los diputados de la Provincia estudiarán la aprobación de un proyecto de ley que propone la incorporación de personas indígenas idóneas a la estructura administrativa del Estado.
“Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar los decretos que fueren necesarios para incorporar como agentes de planta permanente al Sector Público Provincial a descendientes de etnias aborígenes originarias de la Provincia, en un porcentaje no menor al 10 % de la totalidad de la planta de cada jurisdicción”, establece el artículo 1 del proyecto de ley 1874/07 presentado por el diputado Daniel San Cristóbal.
Esta iniciativa es similar a la ley 6.373 de Promoción y desarrollo del aborigen de Salta, que expresa que “el estado provincial o municipal deberá dar preferencia a la incorporación de personal aborigen en los organismos y reparticiones establecidos en las zonas adyacentes a cada comunidad”.
“No seríamos la única provincia en abordar la inclusión de nuestros pueblos aborígenes a las actividades estatales”, explicó San Cristóbal, que en los fundamentos de su proyecto sostuvo que “esta una posibilidad real y concreta de obtener un trabajo digno, de pertenecer a un sistema, de no estar absolutamente excluido e imposibilitado de involucrarse, de desarrollarse personal y profesionalmente”.
La iniciativa del legislador del partido Frente Grande abarca a los descendientes de indígenas tobas, wichíes o mocovíes, de origen puro o mestizo con otras razas y la idea es que ocupen puestos en las categorías de: “personal administrativo y técnico”, “personal obrero y de maestranza” y “personal de servicios”.
Mientras que por otra parte, se prevé que “encasillamiento escalafonario se realizará acorde con las aptitudes y conocimientos de los que dispone el ingresante”.
“De aprobarse este proyecto, estaríamos ante una decisión que se transformará en acciones de discriminación positiva dirigida a mejorar la calidad de vida de un grupo étnico desfavorecido, proporcionándole desde el Estado la oportunidad efectiva de equiparar su situación de mayor desventaja social”, fundamentó San Cristóbal.
Además, el legislador indicó que “el reconocimiento y constatación de la existencia de desigualdades sociales por la pertenencia a un mismo grupo social, convierte el sentido común en una necesidad de actuación política legítima con la intención de eliminar los mecanismos de discriminación directa e indirecta”.
También agregó que “ésta iniciativa es con el fin de corregir desigualdades de partida, de eliminar situaciones discriminatorias, además de compensar por las desventajas y la discriminación que han sufrido como colectivo los pueblos originarios a lo largo de la historia”.
De acuerdo a lo previsto, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo, que deberá actuar en consenso con el Instituto del Aborigen Chaqueño. En tanto se invita a los distintos municipios de la provincia a adherir a la iniciativa “a los efectos de posibilitar el ingreso, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, de descendientes de etnias originarias”.
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