Distintas organizaciones y abogados defensores de los derechos humanos de México se hicieron presentes en el 130 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Allí expresaron su preocupación por una serie de modificaciones al Código Penal que propuso el presidente del país Felipe Calderón. Según entienden ellos, son violatorias de las garantías reconocidas en la Convención Interamericana.
Los manifestantes pusieron el acento en la propuesta del Ejecutivo de elevar el “arraigo” al nivel de garantía constitucional. Esta figura, según los peticionarios, es una medida de investigación que permite al Ministerio Público mantener el control sobre una persona detenida, aún si no hay pruebas de que haya cometido un delito.
Eso implica que el arraigo podría ser utilizado cuando se considera al detenido como una “fuente de información relevante”. “Esto constituye una especie de prisión preventiva anticipada que pone en peligro la presunción de inocencia”, sostuvieron los representantes de las organizaciones RED, FUNDAR, Centro de Derechos ´Miguel Agustín Pro Juárez´ y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos.
Otras de las críticas señaladas tiene que ver con la ampliación de facultades del fiscal, al que se le quiere permitir realizar, por ejemplo, allanamientos sin la necesidad de una orden judicial. Mientras que en otro orden de ideas se cuestionó la limitación del derecho a la defensa en casos de delincuencia organizada, algo que para los peticionantes fomentaría la instrumentalización del derecho penal con fines políticos.
Entre los aspectos positivos del proyecto de reforma, se destaca la redacción de un Código Penal único para todo el país y la creación de un programa de protección de testigos en los procesos contra narcotraficantes.
En cambio, la incorporación de los juicios orales, en un sistema inquisitivo como el mexicano, genera dudas entre los legisladores, además de problemas presupuestarios. Ello pues estiman que la implementación costaría 40 mil millones de pesos anuales, el doble del presupuesto judicial actual.
Los diputados del Partido del Trabajo (PT) y de Convergencia consideraron “desmesurado” ver la oralidad en los juicios “como una panacea”, ya que remarcaron que en el fuero laboral, donde ya ha sido aplicada, no dio resultados positivos.
En tal sentido, ambos partidos presentaron en la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso, su correspondiente propuesta de reforma en la que se prevén modificaciones constitucionales de varias leyes y de códigos.
En relación a ello, si los legisladores mantienen el debate sobre la reforma judicial y se alcanzan consensos entre los distintos partidos, se cree que antes de fin de año estaría aprobado el nuevo código penal.
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