Los operativos, en donde se secuestraron más de 20 mil piezas, fueron realizados en tres locales de esta Capital Federal pertenecientes a Nestor Eduardo Janeir Aude, Carlos Alberto Osona y José Arias, comerciantes que junto a Carlos Languasco se encuentran procesados en la causa, según informaron fuentes judiciales.
Canicoba Corral sospecha que los comerciantes se encargaban ellos mismos de conseguir las piezas o se las compraban a los denominados "huaqueros" de distintas provincias del Norte o la Patagonia, que realizaban saqueos en varias ruinas arqueológicas.
A su vez, los vendedores se ponían en contactaban por e-mail con sus clientes de todas partes del mundo y les “enviaban las características generales de las piezas, fotos de las mismas y además detallaban el valor de cada una.
De entre todas las piezas que eran ofrecidas se destacan "momias, vasijas, telares, piedras y herramientas" confeccionadas por distintas culturas del Perú, la Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, México, Honduras, El Salvador, Rusia, Estados Unidos, Alemania, África y el Líbano, entre otros.
Respecto a la antigüedad de las piezas, en un allanamiento que se hizo hace alrededor de un año se encontraron esculturas que datan del año 400 A.C pertenecientes a la costa norte del Perú, pero se refirió que la antigüedad de las mismas varía según el objeto encontrado.
Asimismo, un buda proveniente de Indonesia, que aún no fue peritado, es el objeto que más sorprendió a los investigadores, ya que se sospecha que se trataría de un original, del cual sólo existen siete en todo el mundo y que tendría un pedido de búsqueda internacional.
La totalidad de las piezas secuestradas, 15 mil en el primer operativo realizado el 2 de noviembre de 2000 y 2 mil en el último, se encuentran alojadas en el Museo Internacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano donde aguardan ser analizadas por los especialistas.
Entre los principales clientes de los vendedores de piezas arqueológicas se destacan el ex canciller Guido Di Tella y el ex secretario de Hacienda Mario Brodersohn según lo confirmaron fuentes allegadas a la causa, que precisaron que también figura como un asiduo consumidor de arte precolombino el pintor Nicolás García Uriburu, cuyo nombre surgió de las escuchas telefónicas realizadas a los imputados.
La causa se había iniciado el 8 de septiembre de 2000 a raíz de una denuncia realizada por la Policía Aeronáutica, y "a través de tareas de inteligencia se determinó que un arquitecto norteamericano, profesor de la Universidad de Harvard, viajó a la Argentina para comprar piezas arqueológicas en los locales pertenecientes a dos de los imputados".
Las fuentes tribunalicias explicaron que se avanzó lentamente en la causa dado que los acusados presentaron numerosos recursos planteando nulidades, pero se estima que en lo próximos meses se podrá concluir con las pericias, ahora suspendida "por falta de fondos", y así se podrá determinar el origen de cada una de las piezas.
Los investigadores se quejaron por la falta de legislación que hay en nuestro país para proteger las piezas arqueológicas y explicaron que la Ley de Patrimonio Cultural no prevé penas a quienes tengan en su poder piezas consideradas de interés paleontológico.
Dicha norma marca que "nadie podrá utilizar o explotar ruinas o yacimientos arqueológicos sin permiso del Ministerio de Justicia" y declara a esos lugares "de interés científico" como "propiedad de la Nación", al tiempo que aclara que sólo ser permitida la exportación de "duplicados".
Sin embargo, en caso de poder determinar que esos objetos fueron robados de ruinas pertenecientes al Estado o de museos, los distintos imputados podrían ser procesados por los delitos de "hurto" o "encubrimiento".