“La persecución mayor se vincula a abogados defensores de derechos humanos, y en segundo termino a profesionales laboralistas y penalistas y por ultimo a cualquier letrado que puede ser pasible de sanciones, persecuciones y hasta la muerte solamente por mirar mal a un juez o un gendarme”, grafica al extremo la sensible situación que atraviesa la abogacía de Colombia Ernesto Moreau, presidente de la Rama Argentina de la AAJ y uno de los observadores de la comisión que enviaron las ONGs.
Esas persecuciones se traslucen en sanciones disciplinaria; procedimientos judiciales en represalia; interceptación de comunicaciones, allanamiento, robo de información y seguimiento; y la imposibilidad de ejercer la defensa a través de distintas trabas como la inaccesibilidad a los expedientes o los lugares de detención, impedimentos probatorios, vistas sin levantar el secreto sumarial, etc.
“En resumen, al abogado se le identifica o vincula ilegalmente con la causa de su defendido”, destaca el informe que se basó en casos recientes de violencia y persecución.
Pero la persecución traspasa las barreras de las intimidaciones y llegan a la muerte. Hasta septiembre pasado, la comisión reveló 12 asesinatos de abogados, “la mayoría de esos asesinatos se encuentra en la impunidad”. Por otra parte, entre 1990 y 2004 se contabilizaron 70 casos de letrados asesinados, ocho desaparecidos y 11 exiliados, la gran mayoría de ellos desde el año 2000.
La AAJ y Abogados sin Frontera presentarán el trabajo el lunes, día que la Declaración Universal de los Derechos Humanos cumple 59 años de vigencia, ante el Relator Especial de Naciones Unidas Para la Independencia de Jueces y Abogados, el argentino Leandro Despouy, en Ginebra.
El informe señala que las persecuciones e intimidaciones a los abogados no son ajenas al “largo conflicto armado por el que atraviesa Colombia”, en relación a la lucha entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el gobierno de Álvaro Uribe, y los paramilitares. Moreau agregó a eso “un estado donde la corrupción alcanza niveles insospechados”.
El estado de indefensión de los profesionales, analiza la comisión, también se produce por “la ausencia de una colegiatura de abogados y la debilidad de las organizaciones profesionales, diezmadas por la persecución política, debilitan las posibilidades de la defensa de los intereses gremiales y de la protección personal del abogado”.
“Estas condiciones, generadas por el sistema, contribuyen a aumentar el riesgo que enfrentan los abogados defensores de derechos humanos”, observan la AAJ y Abogados sin Fronteras.
Por último, el trabajo realiza una serie de recomendaciones para mejorar la situación. Entre ellas propone que el Estado de Colombia adecue sus prácticas a las normas internacionales aplicables al ejercicio de la profesión de la abogacía, que impulse investigaciones penales y disciplinarias sobre los casos de agresiones, y que capacite a los funcionarios que integran sus diversos poderes, en el aprendizaje y en la práctica de los derechos humanos y en la importancia y el respeto del abogado como actor imprescindible del debido proceso.