Actualmente suspendido, el juez de instrucción espera su enjuiciamiento, que se producirá recién en marzo, “cuando se retomen las sesiones legislativas luego de la feria judicial”, según adelantó.
Mientras tanto, anticipó cuáles serán los dos planteos que sostendrá en el proceso de enjuiciamiento: “He presentado una acción de amparo en la que, denuncio, por un lado, la inconstitucionalidad de la ley de juicio político, ya que la Sala Acusadora no puede suspender directamente a un acusado sin notificarle los motivos por los cuales lo decide”.
En ese sentido, alega que se le ha “negado el derecho a la defensa”, y que esa violación seguirá produciéndose hasta marzo, cuando tenga la posibilidad de conocer las razones por las que fue suspendido.
“El otro de mis planteamientos tiene que ver con que no se me prive de mi remuneración, porque pese a que ahora no puedo ejercer la profesión, sigo siendo juez” declaró a este medio. Detalló pues que exigiría que se le mantenga el pago de su salario, pues es ese su “único medio de subsistencia”.
Morales tenía en su juzgado la causa que investigaba al ex diputado y actual intendente de la provincia, Gustavo Minuzzi por un presunto fraude. Se trataba de unos 500.000 pesos (que equivalían a 500.000 dólares, por la entonces paridad del uno a uno) vinculados a una entrega de subsidios a una organización intermedia, que jamás receptó la suma adjudicada por el Estado con ese destino. El hecho habría ocurrido en la época en que Minuzzi era funcionario en el gobierno de Bernabé Arnaudo, (1991 y 1995).
En ese sentido, Morales señaló: “Repentinamente después de citar a declaración indagatoria a Minuzzi, la Sala Acusadora dictó mi sanción (el 6 de diciembre), y al día siguiente fui notificado”. Luego agregó: “Creo que mi intento de citar a declarar al ex diputado fue lo que desencadenó que la Cámara de Diputados me haya suspendido”.
El pedido de juicio político había sido presentado –en agosto pasado- por Juan Sabas Pérez, tío del chico asesinado, por haber adelantado su parecer del fallo en un programa televisivo.
Según comentó el juez, fue sorpresiva la noticia de la suspensión. Resta ahora esperar a la reanudación de las sesiones de la Legislatura para conocer los argumentos sobre los que fundaron la decisión.
Los diputados Américo Barrios, Teresita Luna y Jorge Machicote firmaron el dictamen de la Comisión Investigadora que considera que el juez es pasible de juzgamiento por haber incurrido en la figura de “mal desempeño en sus funciones”, como establece el artículo 105º de la Constitución Provincial.