La Provincia no tiene servicio penitenciario propio. Los detenidos quedan al cuidado de la Policía. Tampoco cuenta con cárceles, sólo existe la Unidad Federal Nº 6, dependiente del Gobierno Nacional, por lo que los presos son alojados en dos alcaldías y comisarías. A raíz de esa situación, está en marcha la construcción de una cárcel con capacidad para 280 personas.
Sin embargo, el proyecto penitenciario es más amplio y apunta a contar con un servicio al mando de civiles. Para eso el 28 y 29 de diciembre hubo reuniones para analizar el tema. Estuvieron allí el ministro de Gobierno y Justicia, Máximo Pérez Catán, la directora de Política Penitenciaria, Carlota Marambio, el defensor general, Hugo Barone, la legisladora justicialista Mariana Ripa y la fiscal de instrucción porteña y docente universitaria en la cárcel de Devoto, Cristina Caamaño, que fue invitada especialmente por su trabajo como directora del Centro de Estudios de Ejecución Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
En las reuniones se analizó y debatió las características que debería tener un servicio penitenciario civil y la mejor manera de llevarlo a la práctica. El objetivo es que este año se logre delinear la currícula de ingreso a la carrera penitenciaria entre las que ya se cuentan materias sobre derechos humanos.
Se prevé que los agentes civiles provengan de distintas ramas de las Ciencias Sociales y que su función sea más de mediación con el preso que de represión. Los funcionarios acordaron nuevas reuniones para marzo o abril.
Uno de los objetivos que se persigue es firmar un convenio con el Centro Internacional para Estudios Penitenciarios (ICPS sus siglas en inglés) del King´s Collage de Londres, Inglaterra para que financien el entrenamiento de los agentes (dos de sus integrantes estuvieron en la provincia a principios de diciembre cuando participaron de un seminario sobre “Las Perspectivas de la Reforma Penitenciaria en Chubut”).
“En nuestros lugares de detención no tenemos facilidades como para que se cumplan las tareas que le encarga la ley de ejecución penal a las personas que deben trabajar en la resocialización de condenados”, había dicho hace un mes el defensor general Barone cuando Diariojudicial.com lo consultó sobre la situación carcelaria de la provincia.
Puntualmente Barone sostuvo que “en las mayorías de los casos no existen aulas, las personas que están detenidas en comisarías difícilmente tengan una hora de recreo al aire libre. Cantidades de imposibilidades que las determinan los propios edificios. El grave problema de nuestros lugares de detención no es la superpoblación sino el estado de obsolescencia”.