Tras su primera reunión en ese cargo, el consejero de la oposición dialogó con Diario Judicial.com y luego de remarcar cómo serán los lineamientos de su gestión dejó un mensaje a los magistrados, para que “trabajen tranquilos”.
“Los jueces tienen que tener la tranquilidad de que el Consejo no está para perseguir a nadie y que tiene los mecanismo de equilibrio necesarios para evitar que alguien quiera hacer de esto una persecución”, dijo Sanz.
De todos modos, el consejero aclaró que van a ser “inflexibles” con aquellos magistrados que no impartan justicia respetando la Constitución. “El consejo no está para apañar conductas o actitudes incorrectas”, aseguró.
Sanz llega a la presidencia de esta Comisión, desde su banca de la oposición, en reemplazo de la diputada oficialista Diana Conti. No obstante, el radical no ve su elección “en términos políticos”. “Si estuviera en el ámbito del parlamento una presidencia significaría algo, pero en el Consejo no se puede dar la misma lectura política”, dijo. Agregó que en todo caso, toma la presidencia “como una distinción personal por ser un tipo racional y con disciplina de trabajo”.
Asimismo, Sanz destacó lo positivo de que las presidencias en el cuerpo sean rotativas y agregó que luego de un mal comienzo, tras la reforma del Consejo impulsada por Cristina Kirchner, hoy “hay buena relación entre los consejeros y hay consenso entre los estamentos”.
Previo al reciente encuentro el día jueves, la Comisión de Disciplina y Acusación se había reunido por última vez el pasado 7 de diciembre. Durante estos dos meses de inactividad ingresaron 71 nuevas denuncias contra jueces al Consejo, que se acumulan a los expedientes que ya están en trámite.
Al respecto, Sanz reconoció que hubo un “parate importante” y que tienen que retomar las tareas con disciplina de trabajo. Asimismo, señaló que pretende continuar la línea de trabajo que se estaba realizando bajo la presidencia de Diana Conti.
“Mi misión es darle dinámica a la comisión para que se cumplan todos los plazos, nuestro reglamente establece seis meses para dictaminar y hay que cumplirlo a rajatabla”, expresó el senador radical. Ello, porque entiende que da la certeza a los magistrados denunciados de que en ese tiempo se va a definir su situación, y además, los denunciantes pueden percibir que sus reclamos tienen un tratamiento en tiempo y forma.