Se trata de Unidades de Recepción y Expedición de Antecedentes Penales (U.E.R.) que les permitirá a los organismos judiciales de la Provincia agilizar la información delictiva de las personas que requieran.
En el caso del Consejo se utilizará para los candidatos que concursen para cargos en la Justicia, mientras que la Corte lo hará para las causas penales que tramite ésta y los juzgados y cámaras de la Provincia.
El Ministerio de Justicia proveerá el software, supervisará la instalación y mantenimiento del sistema y realizará la capacitación de los operadores del UER. Por su parte, tanto el Consejo como la Suprema Corte pondrán el equipo tecnológico, se harán cargo del costo de acceso a internet y del personal y dispondrán los lugares donde se instalará el sistema. La Corte instalará el UER en su Secretaría Penal y en los departamentos judiciales que fije.
Los convenios tienen una vigencia de dos años, renovables automáticamente por otros dos, y fueron firmados por el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, el presidente de la Suprema Corte, Daniel Soria, y el titular del Consejo y también juez del Máximo Tribunal bonaerense Luis Genoud.
Del acto participaron los restantes ministros del Máximo Tribunal provincial, Hilda Kogan, Juan Hitters, Eduardo Pettigiani y Héctor Negri, la directora del Registro Nacional de Reincidencia, Monica Litza, el secretario de Asuntos Registrales del Ministerio, Ricardo Rodríguez y el subsecretario del área, Horacio Bo.
El Registro Nacional de Reincidencia fue creado por la ley 11.572. Se nutre de información que envían los tribunales penales de todo el país sobre las decisiones que toman en las causas. A su contenido pueden acceder jueces, las fuerzas de seguridad, particulares que solicitan un certificado libre de condenas o procesos pendientes y los diputados y senadores nacionales cuando el pedido haga a su función legislativa.