“Conocemos, señor Presidente, vuestra preocupación por el retardo de los resortes políticos en la remisión y aprobación de los pliegos que el Consejo de la Magistratura remite, y creemos, que aún no siendo lo ideal, hoy, llevados por el actual estado de necesidad, es imperativo que el Excmo. Superior Tribunal de Justicia cubra los cargos judiciales aún vacantes, a través de la designación de magistrados y funcionarios sustitutos”, señala la carta.
La misiva fue enviada la semana pasada por el presidente del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes, Yamandú Barrios, al presidente del STJ, Eduardo Farizano.
El pedido fue efectuado en el marco del artículo 183 de la Constitución provincial que establece que “en el caso de vacantes o licencias prolongadas, el Superior Tribunal de Justicia puede designar temporalmente, previo sorteo público, jueces y funcionarios del Ministerio Público sustitutos”.
El Colegio citó varios ejemplos de la acefalía judicial. Falta un juez en la Cámara del Crimen Nº 1 de la Capital (“dificulta enormemente la organización de una agenda ordenada de debates”), están vacantes los juzgados laboral Nº 2 y 3 y el Civil Nº 1, e igual situación tendrá el juzgado Civil y Comercial Nº 7 cuando su titular, Miguel Ángel Pacella, asuma como camarista.
Apoyo nacional por el recorte presupuestario
El titular de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), el camarista penal de Salta Abel Fleming, apoyo el reclamo del STJ de Corrientes contra el recorte del presupuesto judicial que hizo el Poder Ejecutivo.
“La FAM apoya el Presupuesto que este STJ envió al Gobierno, y especialmente respalda las gestiones realizadas en ese sentido por el doctor Eduardo Farizano. Entendemos que existe un incumplimiento a la Ley de Autarquía Presupuestaria (Nro. 4.420) que fija los porcentajes que deben ser asignados a la Justicia”, dijo Fleming en declaraciones al programa de radio La Clave, según consigno el STJ a través de un comunicado.
El STJ solicitó un presupuesto de 213 millones de pesos pero en su proyecto que envió a la Legislatura el Gobierno lo redujo a 171 millones.
“Es muy difícil que un Poder Judicial tenga la libertad para fallar en contra de un Estado provincial cuando luego hay que remitirse a éste para pedir fondos. Es una situación delicada, pero más delicado para el sistema democrático es sujetar la política judicial a una definición presupuestaria que pase por una autoridad distinta a la conducción del Poder Judicial”, sostuvo el titular de la FAM sobre la necesidad que los poderes judiciales manejen su presupuesto.