En la audiencia pública que se realizará este miércoles a partir de las 10 en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se discutirá la constitucionalidad del decreto 395/92, cuyo artículo 40 dispone que las sociedades adjudicatarias del servicio telefónico que con anterioridad a su privatización prestaba ENTEL, “no están obligadas a emitir bonos de participación en las ganancias para el personal”. Después del dictado del decreto 395/92, dicho programa fue implementado en el ámbito de “Telefónica”, por lo cual, en principio, y de acuerdo con los términos de la ley, debían haberse emitido los bonos de participación en las ganancias. Sin embargo, en virtud de lo dispuesto en el mismo decreto, ese extremo nunca se verificó. Esto se analizará en el marco de la causa “Gentini, Jorge Mario y otros c/Estado Nacional – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otros s/ Part. accionariado obrero”, donde los actores, empleados de Telefónica de Argentina S.A., demandaron ante la Justicia Nacional del Trabajo a esa empresa, así como también al Estado Nacional, por la reparación de los perjuicios derivados de la falta de emisión de los bonos mencionados.
Falta de investigación
El juzgado federal 2 de San Martín rechazó el expediente del caso del secuestro de Juan Puthod, testigo en la megacausa por los crímenes cometidos en el centro clandestino de Campo de Mayo, entre otras relacionadas con la dictadura de 1976. El fiscal de Campana, Martín Zocca le envío el caso al juez de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, que reemplazó al juez Alberto Suares Araujo a cargo de este juzgado pero con licencia. Culotta dijo que la investigación sobre el secuestro del presidente de la Casa de la Memoria de Zárate no había avanzado lo necesario como para justificar su aceptación. El magistrado sostuvo que en las declaraciones de Puthod no constaban las amenazas recibidas ni exigencias hacia él. El militante por derechos humanos había sido secuestrado el 29 de abril por la noche y devuelto a su familia al día siguiente. Manifestó que los secuestradores lo interrogaron por un caso de desaparición en el que está vinculado el ex comisario Luis Patti, actualmente detenido.
Benefician con prisión domiciliaria a Almirón
El juez federal Norberto Oyarbide le otorgó la prisión domiciliaria al represor de la Triple Rodolfo Almirón, acusado de delitos de lesa humanidad, por su precario estado de salud que lo tenía internado en el Hospital de la cárcel federal de Marcos Paz donde estaba detenido. El magistrado hizo lugar al pedido del defensor oficial de Almirón, Alberto Giordano. Almirón, que fue extraditado desde España en marzo, cumplirá el arresto en la casa de su hermana. El ex agente de la Triple A está acusado del homicidio de 40 personas y está a la espera de los resultados de unas pericias médicas que Oyarbide ordenó realizar para saber si está en condiciones físicas y psíquicas de ser indagado.
Detención de Ibérico Saint Jean y Jaime Smart
El juez federal platense Arnaldo Corazza detuvo este martes al ex gobernador de facto bonaerense, Ibérico Saint Jean, y al ex ministro de gobierno, Jaime Smart, quienes están sospechados de cometer delitos durante la última dictadura. Corazza imputó a los ex funcionarios por "privación ilegal de la libertad y tormentos" ocurridos en el centro clandestino de detención Puesto Vasco. El magistrado vinculó a Saint Jean y a Smart con el secuestro del periodista Jacobo Timerman, ocurrido el 15 de abril de 1977.
Catástrofe Río Salado: próximo paso la Corte Suprema
El Superior Tribunal de Santa Fé rechazó el pedido de indagatoria contra Carlos Reutemann, en el macro de la causa por la catástrofe de Río Salado. Jorge Castro, el impulsor del reclamo de inconstitucionalidad, aseguró que recurrirá ahora a la Corte Suprema de Justicia. En la causa fueron procesados tres de sus funcionarios: el ex ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli; el ex director de Hidráulica, Ricardo Fratti, y el ex intendente de Santa Fe, Marcelo Alvarez, por "estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas". A su vez la Sala I de la Cámara Penal convalidó la decisión tomada por el juez Jorge Patrizi a cargo del juzgado de Instrucción 8ª que desvinculó al ex gobernador porque "no encontró pruebas suficientes" para indagarlo.