Entre los principales cambios introducidos se elevará el número de miembros del Tribunal Superior de Justicia, que partir de ahora serán cinco designados por la Legislatura a propuesta del Poder Ejecutivo. También se elevarán los integrantes de la Cámara Baja de 23 a 36, por lo que quedarán ocho bancas para los partidos minoritarios.
Los gobernadores, vicegobernadores, intendentes y viceintendentes podrán ser reelectos por un sólo período consecutivo tras la modificación del artículo 117. En el caso de los funcionarios que fueron electos en el 2007, su actual mandato será considerado como el primero, si se llegaran a presentar en las elecciones del 2011.
La Función Judicial no tendrá autarquía financiera pero sí la poseerán los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa. La asistencia y los derechos de la víctima tendrán rango Constitucional, lo que implica que no requerirán de un letrado para su defensa y se aumentará la cantidad de concejales por lo que para las localidades de hasta 10.000 habitantes, serán siete, siendo la Capital la que contará con la mayor cantidad de representantes. Los concejales serán elegidos mediante el sistema D’Hont. En el 2009 se llevarán a cabo los comicios para completarlos y en el 2011 se renovarán totalmente junto con los intendentes.
Los magistrados sólo podrán ser juzgados por los diputados mediante la aplicación del sistema oral en todas las instancias del juicio, con audiencias públicas y contradictorias. También podrán sufrir alguna carga impositiva ya que la reforma instaura descuentos provisionales “o con carácter general” en sus sueldos. Los juicios contra los jueces se iniciarán ante el Consejo de la Magistratura y luego el Jurado de Enjuiciamiento podrá intervenir con la facultad para destituirlos.
En el acto jurarán los convencionales constituyentes y luego las nuevas autoridades en los municipios correspondientes. Los representantes radicales, que estarán ausentes con aviso al igual que en la última sesión, habían propuesto que el Consejo de la Magistratura provincial fuera integrado igualitariamente entre representantes de los sectores políticos, de los jueces de todas las instancias, del Colegio y Consejo de Abogados y del ámbito académico. También sugerían el llamado a concurso público y abierto para la selección de los aspirantes que formen parte de la Magistratura.