El dueño de Cromañón, Rafael Levi, quien alquilaba el predio en el que ocurrió la tragedia que dejó 194 personas fallecidas el 30 de diciembre del 2004, fue procesado. La decisión fue tomada por el Juez Jorge Baños, subrogante de la Jueza María Angélica Crotto, por el delito de estrago doloso. El gerenciador del lugar, Omar Chabán, está imputado bajo la misma figura legal seguida de muerte y cohecho activo.
La Justicia lo obligó a dar a conocer su declaración jurada
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó una medida cautelar que en primera instancia le permitió al ex consejero de la Magistratura, Beinusz Szmuckler, suspender la entrega de su declaración jurada, requerida por el Consejo de la Magistratura como consecuencia de un pedido de acceso a la información de la ONG Poder Ciudadano. Ahora el ex representante de la abogacía del cuerpo deberá dar a conocer su patrimonio en cumplimiento de la resolución Nº 581/07, que obliga a los consejeros a entregar su declaración jurada reclamada por la Fundación Poder Ciudadano. El ex consejero había fundamentado la acción judicial en que esa información contiene datos “sensibles”. Sin embargo, la Cámara destacó que la resolución del Consejo que lo obliga a entregar su declaración jurada patrimonial dispone ya “la previa eliminación” de esa información y destacó que “no se advierte el concreto perjuicio que la ejecución del acto administrativo impugnado ocasionaría en la intimidad del reclamante”.
Amparo por la libre circulación
Luego de que las negociaciones convocadas por el Ministerio de Trabajo para terminar con el conflicto entre el sindicato de los camioneros, presidido por Hugo Moyano, y las compañías Loma Negra y Minetti hayan fracasado, el dirigente gremial decidió bloquear las plantas de esas empresas de cemento. En consecuencia, una de las firmas adelantó que presentaría una acción de amparo ante las autoridades judiciales competentes y la intervención del Ministerio de Trabajo, con el objeto de que se ordene el inmediato cese de la medida de fuerza. El reclamó se originó luego de que la organización presidida por el hijo del titular de la CGT, reclame a las cementeras la responsabilidad solidaria con empresas transportistas, por un monto de 19,7 millones de pesos en concepto de aportes a la obra social y de la cuota sindical.
Y la prisión domiciliaria no llega
La Cámara Penal de La Plata convocó a los psicólogos del Servicio Penitenciario Bonaerense para que informen la clase de tratamiento que deberá recibir el odontólogo Ricardo Barreda en caso de que se le conceda la prisión domiciliaria. Luego de eso, el Tribunal podría otorgarle el beneficio. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires tiene que resolver una apelación que el fiscal Carlos Altuve presentó contra la solicitud. En caso que se la otorguen, Barreda, que en 1992 asesinó a su mujer, sus dos hijas y su suegra, irá a vivir a la casa de su novia Berta André en el barrio de Belgrano.
Llamado a concurso del Consejo de la Magistratura
El Consejo de la Magistratura de Chubut llamó a concurso público y abierto de antecedentes y oposición para cubrir los cargos Fiscal General de Comodoro Rivadavia, Fiscal General de Trelew (3 cargos) y Defensor Público en materia Civil y de Familia. la inscripción cierra el 1 de agosto próximo a las 13 y deberán realizase en la sede del Consejo (Av. Fontana N° 460, Esquel). El Reglamento de Concursos se puede obtener en la pagina web del Consejo, www.conmagchubut.gov.ar, por teléfono al 02945-450735 y 450898 o vía mail a consejo@conmagchubut.gov.ar.
¿Delito político para los paramilitares colombianos?
El Gobierno colombiano plantea la implementación de la figura del “delito político” a 19.377 paramilitares desmovilizados, pertenecientes a las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Buscan ampliar el concepto de ese delito establecido en el Código Penal colombiano y que hasta el momento, sólo abarca a la actividad de los grupos guerrilleros pero no contempla las organizaciones derechistas ahora inexistentes. Según funcionarios de ese país así se podría establecer la reinserción para los ex miembros de las AUC que no afrontan acusaciones por crímenes no susceptibles de amnistía ni indulto. Entre los beneficios con los que contarían en tal caso, sería el cierre de procesos o investigaciones a acusados de delitos menores tales como el uso ilegal de uniformes e insignias, instigación a delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones, contemplado por aquella norma.