El presidente de la entidad que reúne a las cabezas de todos los Ministerios Públicos del país explica cuál es la deuda que considera tiene la Corte Suprema: “Ciertamente una Corte con integrantes de mucho prestigio intelectual, que está dando buenos mensajes para la sociedad, pero creo que en algún momento va a tener que pensar también que sirve de guía para todos los poderes judiciales, y que con esa misma autoridad que tienen sus fallos, también en algún momento va a tener que formular, junto con las cortes provinciales, un proceso de reformas de los poderes judiciales”.
“Van a tener que pensar menos en el prestigio personal de cada uno de ellos y pensar un poco más en la reformulación de la Justicia del país”, agrega Quattropani sobre los jueces del Máximo Tribunal.
Reformas en los poderes judiciales es el tema que preocupa a Quattropani por estos días. Y para eso el 13 y 14 de mayo se reunieron los titulares de los Ministerios Públicos de todo el país en el Consejo de Política Criminal del Consejo de Procuradores, encuentro del que participó el procurador general de la Nación, Esteban Righi, y luego mantuvieron otra reunión con el ministro de Justicia, Aníbal Fernández. En ese encuentro, los fiscales volvieron a ratificar la necesidad de la aplicación del sistema acusatorio para que los representantes del Ministerio Público tengan a cargo la investigación penal y no los jueces.
“En la agenda de los tres poderes del Estado el tema seguridad y justicia nunca ha estado en los primeros puestos”, critica el Procurador General de San Juan. Y agrega: “Es increíble que las Facultades y en los posgrados se hable muy poco de investigación criminal”.
¿Por qué cree que ocurre esto?
El país ha carecido desde siempre de una política de estado en materia de Justicia y seguridad. Esa política de Estado requiere que se toquen los resortes que hacen al sistema. Nosotros propugnamos el sistema acusatorio. Pero ese sistema implica muchas cosas. A veces parece que es una frase que comprende todo. Hacer un sistema acusatorio sin mejorar el Servicio Penitenciario y el pos penitenciario, no tiene ningún sentido; y hablar del sistema acusatorio como si fuera propiedad de los fiscales y olvidarse de la Defensa Oficial tampoco tiene sentido. Por otra parte, hablar de la existencia en todas las jurisdicciones de una policía judicial es una necesidad imperiosa. En la mayoría de las jurisdicciones el juez investiga con una Policía que no le es propia, que no responde administrativamente y solamente en la ficción responde orgánicamente a una supuesta Policía Judicial.
Estos temas se reclaman y se discuten hace muchos años. ¿Dónde cree que radica la imposibilidad de concretarlos?
Para hablar seriamente del tema hay que decir que el diagnostico todos lo conocemos y que la historia institucional del país no podría haber parido una mejor Justicia de la que ha parido. No busquemos en los gobiernos actuales las culpas porque no la tienen. Sino que la culpa que tenemos todos es no ser capaces de empezar a formular la política de estado. Esa política no es un cambio que se va a producir en un corto tiempo, es una mentira que no hay que venderle a la sociedad. ¿Cuál es el tema que uno ve en la mayoría de las jurisdicciones? Tenemos pocos recursos y los gastamos mal. En la agenda de los tres poderes del Estado el tema seguridad y justicia nunca ha estado en los primeros puestos. Eso es absolutamente indudable. No se ha visto a la Justicia como un tema de inversión. Como presidente del Consejo pido formular una política de Estado. A esta altura de las circunstancias es necesario que desde el Gobierno Nacional, respetando las autonomías provinciales, se coordine las reformas en todas las jurisdicciones. ¿Qué se entiende por coordinar? Que de alguna manera empecemos a transitar por sistemas procesales que sean semejantes de una provincia a otra: tratar de unificar legislaciones procesales y servir de apoyo para que aquellas jurisdicciones que no tienen los medios necesarios no se queden atrás en el proyecto.
¿En ese marco de políticas de Estado se inscribe el reclamo para que todos los fiscales tengan a su cargo la investigación penal?
El único sistema constitucional posible es el acusatorio donde los fiscales tengan a cargo la investigación, donde los defensores defienden, y donde el juez sea realmente eso y no alguien que esté a cargo de la investigación y de la decisión. Esto da muchas ventajas. La primera es que se judicializa el proceso desde un principio. La segunda, es poner al Poder Judicial cerca de la gente: en el barrio, en las comisarías. Y la tercera cuestión es que esto debe venir acompañado del principio de oportunidad de tal manera que el Ministerio Público sea el que fije las políticas de persecución penal. Pero también el sistema acusatorio tiene que venir necesariamente de la mano de reformar los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa y de una Policía Científica, distinta a la de prevención. En la mayoría de las jurisdicciones las Policías hacen prevención e investigación, y las dos cosas las hacen mal.
¿Desde la Justicia se desconfía de las fuerzas del Poder Ejecutivo?
Decir que se desconfía sería empequeñecer la discusión. Las manos, los ojos, el olfato de un juez o de un fiscal que investiga no pueden ser una Policía que no le pertenece y que no le responde.
¿Los jueces están de acuerdo en delegar la investigación penal?
Los jueces no podrían estar en desacuerdo con la Constitución. Y la Constitución claramente al juez lo manda a juzgar y no a investigar. El sistema es tan perverso en algunas jurisdicciones que tiene a un juez haciendo la doble tarea, a un defensor enfrentado con un magistrado que tiene en su cabeza la estrategia investigativa y que se enamora de sus propias hipótesis, y a un fiscal que prácticamente es un convidado de piedra en el proceso. Esto no resiste el menor análisis. Por otra parte, el sistema acusatorio también tiene que venir acompañado de medios alternativos de resolución de conflictos. Hay que vigorizar la probation, implementar la medición penal, imitar sistemas como el juicio por flagrancia en la provincia de Buenos Aires.
La falta de respuesta a los reclamos ¿es una forma de presión
Lo primero que tenemos que aprender los judiciales es que la culpa no siempre es de los demás. Los primeros que tienen que proponer y encabezar las reformas son los poderes judiciales de todo el país. Sería muy bueno que de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales de cada provincia se encabece el proceso de reformas en los Poderes Judiciales de todo el país. Yo no soy de aquellos que me gustan mirar al poder político reclamándole lo que yo no hago. La Corte Suprema y las cortes provinciales son cabeza de poder y son también un poder político y debe ser desde ahí de donde nazcan las ideas, donde se prenda el motor para las reformas.
¿Y que autocrítica tienen que hacer desde el Poder Judicial?
Absoluta y total. El primer responsable del estado de situación de la Justicia por supuesto que es la Justicia. De eso no cabe ninguna duda. Salvo que cada uno pueda demostrar que proyectó, que propuso y que los otros poderes se lo impidieron. En eso la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una deuda moral con los poderes judiciales de todo el país. ¿Cuál es la deuda? Ciertamente una Corte con integrantes de mucho prestigio intelectual, que está dando buenos mensajes para la sociedad, pero creo que en algún momento va a tener que pensar también que sirve de guía para todos los poderes judiciales, y que con esa misma autoridad que tienen sus fallos, también en algún momento va a tener que formular, junto con las cortes provinciales, un proceso de reformar de los poderes judiciales. En definitiva, van a tener que pensar menos en el prestigio personal de cada uno de ellos y pensar un poco más en la reformulación de la Justicia del país.