Las Cámaras recibieron una nota firmada por el secretario de Política Criminal, Mariano Ciafardini, en las que el funcionario les pedía que hicieran saber a los jueces de grado que no podrían solicitar protección que implique “gasto alguno”, aunque la nota aclaraba que sí “subsistirá la gestación de aquellas que no causen erogación”.
La decisión fue tomada luego de los insistentes pedidos de fondos por parte del director de la Oficina de Protección de Testigos, Mariano Ungar, quien no podía afrontar los pagos de los hoteles donde se alojan los testigos, sumas que habitualmente se pagan por semana.
Consultado por Diariojudicial.com, el viceministro de Justicia, Melchor Cruchaga, explicó que “la partida anual está agotada” y que la medida tendrá vigencia “sólo hasta fin de año”, cuando lleguen las correspondientes al nuevo presupuesto.
Por otra parte, Cruchaga aclaró que hasta ahora no se ha negado protección a ningún testigo y que la Unidad Especial de Investigaciones de la causa AMIA que él encabeza fue creada por un decreto presidencial distinto y tiene sus fondos por fuera de los de la Oficina de Protección, por lo que se seguirá prestando la asistencia de acuerdo a los pedidos de los jueces del Tribunal Oral Criminal en lo Federal 3.
La Oficina de Protección a Testigos se creó cuando la ley de estupefacientes (23.737) previó el sistema en las causas en las que se investigara tráfico de drogas. Luego, la denominada ley del arrepentido también estableció que la Oficina se hiciera cargo de la protección de los imputados que ofrecieran pruebas que implicaren avances significativos en la investigación, pero aún no ha sido aplicada en ningún caso.