“La redacción actual del Código Procesal Penal está ligado a la vieja jurisprudencia, por lo que automáticamente las Cámaras de Casación prácticamente rechazan los recursos”, afirmó el diputado Oscar Massei, vicepresidente de la Comisión de Legislación Penal.
La propuesta pretende que el imputado pueda recurrir tanto la sentencia condenatoria y la pena que se le hubiera impuesto como así también la medida de seguridad, coerción y demás cautelares que se le haya aplicado. También podrá reclamar por la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba y de la libertad condicional, entre otras.
En contraposición, actualmente el artículo 459 del Código le permite presentar quejarse al imputado en caso de que un juez en lo correccional lo condene a más de seis meses de prisión o la inhabilitación por un año y uno en lo criminal le dicte más de tres años de prisión o cinco de inhabilitación.
El diputado plantea además otra novedad a través del proyecto: “Ahora los recursos se podrían generar por cuestiones de hecho, en un marco acotado, pero para que sea revisado y se de la doble instancia”. De esta forma “los cambios darían una respuesta al cumplimiento de los tratados internacionales”.
Lo que se pretende es reformar el artículo 456 del Código para que “el imputado también pueda recurrir cuando se hiciera una errónea valoración de la prueba o determinación de los hechos que sustentan la sentencia condenatoria o la decisión que impone una medida de seguridad”.
En el caso de los fiscales, el proyecto determina que, en contraposición a las normas vigentes, este podrá recurrir “los sobreseimientos y demás resoluciones que pongan fin a la acción o a la pena o hagan imposible que continúen las actuaciones, cuando no hubiere habido pronunciamiento en el mismo sentido en dos instancias”.
Entre sus fundamentos, la iniciativa se basa en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, instancia “ya se fue expidiendo para garantizar una segunda instancia”, resaltó el diputado. “La Corte Suprema ha emitido diversos pronunciamientos que han contribuido a delinear una "nueva" casación, como en el caso "Giroldi", al declarar la inconstitucionalidad del inciso 2º del artículo 459 del CPPN por considerar que no respetaba los derechos y libertades establecidos en el Pacto de San José de Costa Rica”, argumentan los impulsores de la propuesta.
En cuanto al fallo Casal, el máximo Tribunal sostuvo que "no existe razón legal ni obstáculo alguno en el mismo texto de la ley procesal para excluir de la materia de casación el análisis de la aplicación de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas en el caso concreto” y que esa instancia debe “agotar la revisión de lo revisable”.