Quizás la más trascendente de las definiciones es que el flamante gobierno peronista haya confirmado a los integrantes de la Oficina Anticorrupción, tantas veces acusada durante el bienio delarruista de perseguir al gobierno de Carlos Menem y sus funcionarios. De esta manera José Massoni seguirá a la cabeza como Fiscal de Control Administrativo, Roberto de Michele lo hará como Director de Políticas de Transparencia, y la duda está en la dirección de investigaciones que encabeza Manuel Garrido, ya que se rumoreó que podría pasar a ser jefe de asesores de Zuppi, aunque el mismo advirtió hoy en diálogo con este medio que “todavía no hay nada confirmado”.
Zuppi adelantó que su secretaría impulsará a través de la OA las investigaciones por la represión del miércoles y jueves pasado en la Capital Federal y en distintos puntos del país y aseguró que la investigación irá “hacia arriba”, y que “la impronta del presidente es que aquí no hay personas que hayan nacido con coronita”.
En la Subsecretaría de Derechos Humanos Jorge Taiana reemplazará a Diana Conti, desgastada luego de haber avalado precisamente el decreto que fijó la doctrina de no extraditar a los responsables de la represión ilegal en los setentas.
La Subsecretaría que al cierre de esta edición aún no tenía dueño es la de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, que durante la anterior gestión se había desdoblado para quedar a cargo de Mariano Ciafardini y Álvaro Ruiz Moreno, respectivamente, quienes llevaron una atormentada relación. Según trascendió, Ciafardini –que era director de Política Criminal por concurso antes de la llegada de la Alianza- podría continuar en su cargo, mientras que Ruiz Moreno, hombre del círculo íntimo del ex ministro De la Rúa, volvería a Córdoba.