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DERECHO EXPRESS. En todas las facultades de Derecho del país, de las que salieron los hoy miles de abogados que tanto preocupan a Cristina, desde el primer día se les enseña a los estudiantes que, en el mundo occidental, existen al menos dos sistemas que funcionan como fuentes. El que nace del derecho romano y el que nace del derecho anglosajón. Pero otra vez Argentina es líder con la tercera posición. Una tendencia vernácula que se extiende a los países de Sudamérica es la de la Justicia express. Como el déficit de los gobiernos para encontrar soluciones para sus habitantes es cada vez mayor, el derecho de amparo o de tutela constitucional se yergue como una solución que los jueces conceden en casos particulares, supliendo al Estado que está ausente. En nuestros países latinoamericanos, con constituciones tan pródigas en derechos y tan incumplidas en la triste realidad, la salud, la educación y la vivienda para todos son cuentas pendientes desde hace años. En un alarde digno del creacionismo de Vicente Huidobro, aquel que decía que el escritor era como un pequeño Dios, los jueces obligan a los poderes ejecutivos a hacer valer la letra de la Constitución a como de lugar. Si sumamos a nuestras postergaciones constitucionales la exasperante lentitud de la Justicia, el amparo se convierte en el medio más eficaz para hacer valer derechos y garantías. Déle vivienda a esta gente, búsquele trabajo, páguele una jubilación digna, déle atención médica inmediatamente. Es evidente que los jueces se han convertido en administradores públicos ya que las sentencias de tutela en las que les ha tocado fallar se han convertido en el método más eficaz para reclamar la protección de los derechos constitucionales a los gobernantes de turno. Roberto Gallardo, en la Capital Federal y Luis Arias, en la provincia de Buenos Aires son dos jueces paradigmáticos de esta nueva justicia activa. Ibarra, Telerman, Macri, Solá y Scioli fueron amenazados con astreintes de su propio peculio si no cumplían con las órdenes judiciales correctoras de las injusticias imperantes en sus distritos respectivos. La sangre nunca llegó al río y los políticos, a regañadientes, tuvieron que esforzarse por cumplir con los requerimientos judiciales. Pero los temas no dejaron de ser modestas curitas dentro de una sala que muchas veces es de terapia intensiva. Además, ¿puede (y debe) un juez torcer el brazo y el presupuesto de alguien que está en el Poder Ejecutivo sustentado por el imprescindible voto popular? ¿Puede una frazada corta y a veces agujereada abrigar a todos sus hijos como la Constitución manda?

QUE EL CIELO (Y LA JUSTICIA) NOS AMPARE.Si bien el tema desde el caso Siri fue evolucionando sin prisa pero sin pausa, el instituto del amparo tuvo sus 15 minutos de fama con el corralito de fines del 2001. En esa época el por entonces super ministro Cavallo había acorralado los depósitos y el Congreso, que había establecido una norma para garantizar su intangibilidad, después sacó una ley para desgarantizarlos. Entonces el Poder Judicial se transformó en un verdadero paño de lágrimas de la sociedad y se dedicó a resolver casos a destajo.Conseguir en 48 horas una resolución de un tribunal que los constituyera como depositarios judiciales de sus propios ahorros, crearon en la gente la sensación de justicia instantánea. En el fragor del tema, la mayoría de la opinión pública confundió los efectos de una medida cautelar con la decisión sobre el fondo. Pero poco importó porque esa medida judicial fue vivida como una situación reparadora para cada ahorrista. El efecto psicológico estaba logrado. Lo mismo que cuando un imputado es excarcelado y logra su libertad durante el proceso, que parece que los tribunales le reconocieron su inocencia o cuando alguien es detenido con prisión preventiva, que automáticamente se vive como que era culpable. Poco parecen importar los resultados finales. Tanto en los por lo demás morosos procesos penales, como en las avalanchas de amparos donde todavía se espera que la Corte resuelva caso por caso. Lo que importa es la sensación térmica, la percepción, lo que se ve y lo que parece. El último ejemplo notorio de este creciente activismo judicial tuvo lugar en La Docta. Allí la jueza federal Cristina Garzón de Lescano le ordenó al Estado Nacional que aplique la ley de emergencia ocupacional para alejar a un grupo de jóvenes del narcotráfico. La medida deberá ser cumplida sobre diez muchachos como de una respuesta al amparo judicial presentado por unos 4 mil ciudadanos de los barrios de la capital cordobesa más afectados por el tráfico de estupefacientes. Más allá de lo loable de la intención y de la justicia del reclamo, una cosa son los resultados y otra cosa es el jogo bonito que deleita a la platea. En una perspectiva macro, la resolución de la jueza induce a pensar que el Estado, de proponérselo, podría matar fácilmente dos pájaros de un tiro: terminar con la delincuencia y lograr el pleno empleo. ¡Tomás Moro, un poroto! En nuestra Latinoamérica con una honda tradición de gobiernos de facto y amplias desigualdades sociales, primero los ciudadanos depositaron sus esperanzas en la democracia, recién recuperada. Ahora, con más de veinte años de elecciones a cuestas, las expectativas parecen estar puestas en el Poder Judicial. Rapidez, eficiencia y justicia. Ese es el desafío que por ahora se pretende resolver con el simpático y mediático derecho express.

alejandro s. williams / dju