Explicó que “la Ley del Arrepentido sólo sirve aplicarla a casos específicos y que nació por los dos grandes atentados”.
Sostuvo que no esta de acuerdo en que “se sancione esta ley ahora, hasta que se solucionen las causas de ambos atentados, y que su aplicación está limitada a personajes secundarios”. Asimismo habló de las consecuencias que puede acarrear cuando afirmó que “puede llevar a que se arrepienta uno de los imputados y quede libre”.
Lipschitz dijo “no creer que esta ley agilice la acción de la justicia, por la manera de cómo esta funcionando la justicia Argentina”.
El Poder Ejecutivo Nacional mandó al Congreso la ley del Arrepentido, pero sólo trata de impulsar este beneficio procesal para quienes colaboren en investigaciones penales sobre terrorismo, pero no en los casos de narcotráfico y en delitos contra la administración pública.
La Embajada de Israel y las asociaciones que agrupan a la colectividad judía presionaron para que se convierta en ley este proyecto, al igual que la embajada de Estados Unidos, como así también la Alianza cuando estaba en plena campaña política.
La Ley propone la reducción de penas y la protección especial para los delincuentes que colaboren con la justicia. El proyecto ingresó el martes a la Cámara de Diputados. La comisión de Legislación Penal lo está analizando.
El proyecto del PEN, firmado por el presidente Fernando de la Rúa, el jefe de gabinete Rodolfo Terragno y el Ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra pide: La adopción de medidas que tienden a facilitar la acción de la Justicia frente a la comisión de hechos delictivos de especial gravedad, concretados por organizaciones terroristas.
La medida legislativa procura facilitar la labor de la justicia y de sus auxiliares, obteniendo la cooperación de quienes, no obstante haber intervenido en la comisión de delitos, suministran información que permite el descubrimiento y prueba el hecho, la individualización o aprehensión de los autores, partícipes o encubridores y en caso de organizaciones delictivas, desbaratar sus actividades o acreditar su existencia.
El gobierno nacional, tiene la convicción de que debe sumarse a los esfuerzos que se realizan en el ámbito internacional, para prevenir y reprimir este tipo de hechos delictivos a través de una justicia eficiente y respetuosa de las garantías individuales.
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