Luego de más de tres meses de espera, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura finalmente trató el caso contra Federico Faggionatto Márquez y aprobó su citación para ser indagado como acusado de, entre otras cosas, presunto enriquecimiento ilícito, protección a narcotraficantes, armado de causas y retardo de justicia. De esta manera, el juez federal de Zarate – Campana deberá presentarse ante los consejeros con la posibilidad de que luego se emita un dictamen acusatorio para ser sometido a juicio político por mal desempeño. La propuesta de citación había sido presentada por el senador radical Ernesto Sanz a mediados de mayo y luego de varias postergaciones fue tratada este jueves a pesar de la ausencia del consejero opositor. En la votación, acompañaron Diana Conti, Carlos Kunkel, Marcela Losardo, Luis Bunge Campos, Luis María Cabral y Santiago Montaña, mientras que Mariano Candioti fue el único que votó en contra. Los consejeros aún no definieron la fecha de la citación.
Salta empieza a implementar normas de Gestión de Calidad en la justicia
El juzgado de Procesos Ejecutivos de Cuarta Nominación y el área de Servicio Social del Poder Judicial de Salta aplicarán desde setiembre próximo normas de Gestión de Calidad en su labor diaria poniendo en práctica los lineamientos teóricos de un curso desarrollado por la Escuela de la Magistratura, del que también participaron la Defensoría de Cámara del Crimen 1 y Defensoría Penal 4. La implementación de las normas de Gestión de Calidad en las dos dependencias judiciales será monitoreada por el especialista en la materia Jorge Panusieri, quien realizará la evaluación de la puesta en práctica de este sistema. La implementación de la Gestión de calidad en el Sistema Judicial forma parte de las metas trazadas en el Plan Estratégico II que se puso en marcha el año anterior. Además, la implementación es una consecuencia del debate que tuvo lugar en la Segunda Conferencia Nacional de Jueces que se desarrolló el año pasado en Salta, donde se analizó específicamente el tema “Gestión Judicial”, concluyendo una de las comisiones que “es una Política de Estado del Poder Judicial, la aplicación de criterios de gestión institucional de los recursos materiales y humanos, con el objetivo de lograr un servicio de Justicia eficiente y eficaz”.
La Secretaría de Derechos Humanos pidió que se procese a un ex magistrado
En el marco de la causa Masacre de Palomitas, que tramita ante el Juzgado Nº 2 de Salta, donde se investiga el asesinato de 12 presos políticos el 6 de julio de 1976, la Secretaría de Derechos Humanos pidió la detención y procesamiento del ex Juez Federal de Salta, Ricardo Lona. En el escrito, se imputa a Lona por su participación necesaria en los crímenes, ya que está probado que estuvo en las reuniones en la que se decidió el traslado de los militantes políticos desde el Penal de Villa La Rosa, donde estaban alojados, hasta Palomita, lugar donde fueron asesinados. A su vez, se requirió que el ex magistrado sea alojado en una cárcel común mientras tramite su proceso. Cabe recordar que el acusado está imputado en otras causas por crímenes de lesa humanidad ocurridos en esa provincia, las que todavía no tuvieron una resolución definitiva.
Vuelta a la acción
Los agentes retirados que reúnan "condiciones psicofísicas y aptitud funcional", podrán custodiar edificios públicos, espectáculos deportivos y cumplir tareas de vigilancia en bancos, según un proyecto impulsado por el gobierno provincial para descomprimir las funciones que cumplen hoy los efectivos en actividad. En los fundamentos de la iniciativa, se explica que el servicio de Policía Adicional ha crecido como lo ha hecho la población y su complejidad social. También se señala que se requiere de una capacidad de respuesta que principalmente se centre en la presencia policial en los espacios urbanos, como así también en las grandes extensiones rurales, a las que de mismo modo se debe prestar atención estatal. Además, se reconoce que "para lograr satisfacer dicho objetivo se requiere de una dotación que actualmente luce insuficiente a la medida aceptada en la relación policía-habitante, la que se agrava sustancialmente desde la perspectiva del rendimiento del personal a partir de su afectación a servicios adicionales". Por último, se permite a los municipios de la provincia, contratar a ese personal, con el objeto de contemplar los servicios de seguridad pública en materia de prevención del delito.
El juez de Garantías Horacio Hryb elevó el caos Vallejos a juicio oral y público
La causa por la muerte de la pequeña Micaela Vallejos, quien falleció luego de impactarle una bala perdida en la Nochebuena de 2006 en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, fue elevada a juicio oral y público. El juez de Garantías Nº 7 de Lomas de Zamora, Horacio Hryb, elevó la causa a juicio oral, donde un vecino de Micaela será juzgado por los delitos de "tenencia ilegal de arma de guerra" y "homicidiosimple". Se trata de un joven de 23 años, vecino de la menor, quien fue implicado en el hecho luego de algunas testimoniales y pericias que demostraron que el disparo provino de su domicilio. La nena murió en la medianoche del 24 de diciembre de 2006, cuando un balazo impactó en su cabeza mientras cenaba con sufamilia en el barrio Villa Independencia.
Por la negación a la actualización de salarios, el viernes paran los judiciales santacruceños
Los trabajadores judiciales Santacruceños, ante el fracaso de las negociaciones llevadas a cabo en el marco de Paritarias, comenzaron el 27 de agosto las medidas de fuerza que se habían previsto en la Asamblea realizada en la ciudad de Puerto San Julián el 23 de agosto. El reclamo se expresó en paro con retiro en las dos últimas horas de los turnos matutino y vespertino; y continuará con idéntica modalidad el día viernes 29 de agosto. Responden estas medidas a que el Tribunal Superior pretende desconocer – conforme la mención en el acta por parte del Paritario del Tribunal Dr. Alberto Manzanares - la vigencia de la Ley 1597 que rige la política salarial del sector y se niegan al pago de actualización de salarios.
El STJ de Santiago del Estero celebró la penalización a picadas
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Santiago del Estero celebró la entrada en vigencia de la ley 26.362 que pena con hasta tres años de prisión a quienes corran picadas. “En nuestra provincia no son pocas las desgracias que han ocurrido como consecuencia de las picadas, donde personas inocentes y ajenas a estas prácticas, han sido víctimas de esos `corredores` irresponsables”, sostuvo el presidente del STJ, Armando Lionel Suárez. El magistrado sostuvo la modificación al código “establece una sustancial diferencia respecto a la legislación anterior, por cuanto lo que antes era una simple infracción a la ley de tránsito, ahora es un delito reprimido con prisión”.