Especialistas en seguridad e inteligencia y juristas expusieron este martes sus ideas en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico y todos coincidieron en la necesidad que sea la Justicia quien controle el área de escuchas telefónicas porque son los jueces quienes las ordenan y los fiscales quienes analizan sus resultados en base a la investigación que llevan adelante.
En la comisión expusieron el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Adrián Marchisio, el relator especial de la ONU sobre la Independencia del Poder Judicial, Magistrados y Abogados, Leandro Despouy, la vicedirectora del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UBA, Lucila Larrandart, el director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chiller, el director del Proyecto Nacional de Seguridad Teleinformática, Ariel Garbaz, y el periodista de Clarín especializado en temas de inteligencia, Gerardo Young.
El proyecto de la senadora nacional Sonia Escudero propone reformar el artículo 21 de la ley 25.520 de inteligencia nacional para que la DOJ pase a la Procuración. “La Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) que funcionará en el ámbito de la Procuración General de la Nación, será el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente”, dice el artículo propuesto.
El segundo artículo de la iniciativa sostiene que la DOJ “dependerá del Procurador General de la Nación” y “se constituirá como órgano auxiliar de la justicia”.
“La actuación de la DOJ en el ámbito de un organismo de inteligencia confunde el rol de la inteligencia con el de las investigaciones, por cuanto, la actividad de inteligencia tiene por objetivo orientar resoluciones en materia de seguridad exterior e interior de la Nación, mientras que la investigación sirve para dilucidar causas judiciales”, sostiene el proyecto en sus fundamentos.
“Por tal motivo la actividad de inteligencia se desenvuelve en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y la actividad de investigaciones en el ámbito del Poder Judicial de la Nación”, completa la iniciativa.
“En definitiva, dejar en manos de un organismo de dificultosa fiscalización, una herramienta de enorme injerencia en los derechos individuales y de tan gravosa lesión al derecho a la intimidad, exacerba las sospechas de su indebida utilización, tal como ha quedado una vez más puesto de manifiesto frente a las recientes denuncias respecto de supuestos casos de espionaje electrónico, hackeo de casillas de e-mail e interceptaciones indebidas de comunicaciones”, concluye el proyecto.