En su resolución, el magistrado también incluyó a los imputados José Elisardo Fortes, Aníbal Alfredo Yasbeck Josami, Miguel Ángel Roisman, Pablo Mario Narvaja, Alfredo Carlos Santos, Sandra Albertocco, Marina Hondeville y Hugo Haime, que es el dueño de la empresa que fue contratada para realizar esos trabajos. Todos los imputados están acusados del delito de “fraude a la administración pública” por haber actuado en beneficio de “un interés privado”.
Para disponer la falta de mérito, Ballestero consideró que aún "restan producirse una serie de diligencias procesales en la causa relacionadas con la imputación con la cual resultan objeto" y agregó que tomar una resolución definitiva, como un procesamiento o un sobreseimiento, "sería una decisión prematura".
La investigación nació a partir de una denuncia que presentó la Oficina Anticorrupción (OA) donde se destacaba que los ex funcionarios habrían contratado en forma directa los servicios de la encuestadora, pero los informes resultantes de las tareas no habrían sido utilizados en los programas del Ministerio tal como esta estipulado.
Según la OA algunos de los informes resultantes de los trabajos no habrían sido utilizados por los programas de la cartera de Educación o se habría realizado una doble o triple contratación de tareas que podrían haberse hecho mediante una sola encuesta ya que tenían objetivos similares o un mismo universo de población encuestada.
En momento de prestar indagatoria tanto Haime como García Solá , negaron todos los cargos que se imputaban en su contra. García Solá se desempeñó como secretario de Programación y Evaluación Educativa desde abril de 1996 a mayo de 1999 y como ministro de Educación hasta diciembre del mismo año.
Decibe explicó que la firma de los cinco contratos fue "una locación de obra y no de servicios", es decir se trató de un trabajo que sólo podía desempeñar una persona determinada. Uno de ellos fue firmada por la ex ministra de Educación durante el gobierno de Carlos Menem.
Además, la funcionaria se justificó en que en ese momento "era necesario" ordenar los estudios dada la "situación coyuntural" que se estaba viviendo entre los gremios educativos y el Estado, cuando la situación había alcanzado su máximo nivel de tensión con la instalación de la "carpa blanca".