El secretario de Coordinación Institucional de la Procuración, Adrián Marchisio, presentó la postura del organismo hace dos semanas en el Senado y dijo que hay algunos impedimentos procesales y de infraestructura para que sea el Ministerio Público quien tome la facultad de interceptar comunicaciones telefónicas.
Junto a Marchisio expusieron en la cámara otros especialistas en seguridad e inteligencia como el relator de la ONU sobre independencia judicial, Leandro Despouy; la jueza del Tribunal Oral Criminal Federal Nº 1 y vicedirectora del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UBA, Lucila Larrandart; y el director del Proyecto Nacional de Seguridad Teleinformática, Ariel Garbaz; entre otros.
El proyecto de la senadora nacional por Salta Sonia Escudero propone reformar la ley 25.520 de inteligencia nacional para que la DOJ dependa de la Procuración General como “órgano auxiliar de la justicia”. “Dejar en manos de un organismo de dificultosa fiscalización, una herramienta de enorme injerencia en los derechos individuales y de tan gravosa lesión al derecho a la intimidad, exacerba las sospechas de su indebida utilización”, señala la iniciativa que se discute en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Senado.
“En lo que no estamos de acuerdo es en la ubicación institucional dentro de la Procuración General”, dijo Marchisio respecto a la DOJ.
El funcionario hizo hincapié en que en el actual sistema penal mixto, donde la investigación está a cargo de los jueces. “Más allá de que se reforme a un sistema acusatorio, este tipo de medidas —que violentan garantías constitucionales— tienen que estar autorizadas exclusivamente por el juez”, sostuvo Marchisio.
Por otra parte, el coordinador institucional de la Procuración hizo referencia a la inversión tecnológica. “Más que la Fiscalía, es el Poder Judicial el que tiene una estructura y una consolidación; llámese la Corte Suprema o el Consejo de la Magistratura podrían ser convenientes para que controlen”, expuso.
“La Procuración General de la Nación es un organismo que tiene competencia en el ámbito de la Justicia federal y las intervenciones telefónicas las van a pedir los jueces de todas las provincias. Este es un aspecto que excede lo que podamos hacer de buena voluntad. El Poder Judicial también se va a encontrar con este escollo”, completó Marchisio.
La jueza Larrandart se refirió a la imparcialidad de los magistrados. “El juez que ordena la intercepción telefónica es el mismo que está investigando. Por lo tanto, no puede ser imparcial para ordenar la intercepción si él está comprometido en la investigación”, sostuvo.
En ese marco, resaltó que “el fiscal va a pedirle al juez una intervención telefónica que, después, va a controlar a través de la Procuración y el juez va a otorgarla —o no— de forma realmente imparcial”.
De su experiencia, Larrandart sostuvo que existe un “uso abusivo e ilegal de las interceptaciones telefónicas por parte de la SIDE” y que su tribunal causas donde intervenciones judiciales de dos o tres años. “Es un escándalo”, calificó la magistrada.
Criticas a la SIDE
En las exposiciones no faltaron las críticas al trabajo de la SIDE. “Es una estructura que, de hecho, facilita y promueve el espionaje ilegal en la República Argentina”, dijo el ingeniero Garbaz y calificó al Poder Judicial como el “ámbito natural” para que funcione la DOJ.
En el mismo sentido se expresó el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chiller: “La Secretaría de Inteligencia del Estado ha estado involucrada, a partir del ejercicio ilegal de estas actividades, en los mayores escándalos, con severas consecuencias institucionales y políticas en los últimos años en la Argentina”.
Historia de la DOJ
El periodista Gerardo Young, editor del equipo de investigación del diario Clarín y autor del libro “SIDE: la Argentina secreta”, explicó que la DOJ funcionaba en una oficina de la ex ENTEL hasta que el ex presidente Carlos Menem dictó en 1992 el decreto 1801 por el traspaso la Dirección de Observaciones Judiciales a la SIDE.
“La información sobre las escuchas telefónicas, en su momento, en la década de los 90, fue un gran debate. Hubo algunos fiscales que reclamaban que esto fuera a manos de ellos, que fuera una herramienta de la Procuración. En la SIDE no querían eso porque lo consideraban una herramienta de poder y autonomía”, explicó Young.