?La reforma judicial es demasiado importante para dejarla en manos de jueces, fiscales y defensores?

¿Qué significa para usted hacerse cargo de la dirección del INECIP y cuáles serán los lineamientos de su trabajo?

Estoy desde principio de año al frente del organismo y para mi es un gran desafío por varias razones. Una de ellas es porque yo soy una persona del interior que ha tenido mucho tiempo de militancia dentro de la institución pero generalmente desde las provincias cuesta manejar la política institucional de un lugar como el INECIP, que tiene trabajo en el país pero que también tiene una proyección internacional. Por otra parte, creo que es una forma de reoxigenar, todas las instituciones tienen que tener esta renovación y creemos que es bueno.
En cuanto al trabajo, nosotros tenemos algunos objetivos fuertes muy vinculados con la reforma procesal, especialmente porque ésta ha sido parte de nuestra área de trabajo en toda Latinoamérica y de alguna manera tenemos alguna frustración porque a pesar de que Argentina ha impulsado otros procesos de reforma nos encontramos con la paradoja de que dónde más cuesta instalar la reforma es en nuestro país, especialmente en el ámbito nacional.

¿Por qué cuesta instalar una reforma en el país?

Una primera dificultad es nuestra organización federal. Esto hace que lo que en otros países es simple (lograr un código que tenga consenso y una implementación razonable) en Argentina supone decenas de códigos, y las necesidades políticas y la realidad social de cada provincia pasa por ejes diferentes, hay diversidad.
Este es uno de los temas centrales, pero creo que la otra gran razón es que hay un sector muy conservador dentro de las estructuras judiciales que resiste a la implementación de cambios. En el caso de la justicia nacional esto se plantea fundamentalmente con la transferencia de competencias a la Ciudad Autónoma, es decir, tenemos una Constitución que nos está reconociendo la autonomía porteña y sin embargo a más de diez años de esa reforma constitucional la justicia de la Ciudad todavía es una justicia que casi no tiene densidad porque se ocupa de las cuestiones contravencionales y una muy baja proporción de casos penales. Y eso genera una dificultad adicional en términos de implementación procesal para la Nación, porque no es lo mismo reformar para la competencia federal que reformar para un estado que todavía tiene competencias ordinarias a cargo.
Entonces, este es uno de los problemas al que se juntan cuestiones que hacen a aquellos que se han desenvuelto y han tenido carreras exitosas dentro de un modelo inquisitivo y que hoy no tienen disposición como para asumir la necesidad de un cambio profundo.

¿Cuáles serían los cambios necesarios para la justicia procesal penal?

Uno de los elementos para marcar un cambio de rumbo es que la persecución penal esté a cargo del Ministerio Público Fiscal, lo que supone un cambio cualitativo para un ministerio que en lugar de compartir con los jueces y la policía las tareas de investigación, donde las responsabilidades se diluyen, tiene que asumir esto como una responsabilidad propia.
El segundo cambio muy fuerte es en términos de oralidad. El modelo adversarial supone una proporción inmensa de oralidad, a punto tal que la regla tiene que ser ésta y no como ocurre hoy en el sistema mixto donde la oralidad ha quedado limitada al juicio, y a su vez dentro del juicio es menoscaba por un montón de prácticas que resultan disfuncionales. Entonces, pensar un nuevo sistema supone pensar en uno donde los jueces estén en las salas de audiencia y resuelvan los conflictos que les lleven las partes.
Por eso, esto es un gran cambio que tiene un impacto muy fuerte en el trabajo cotidiano, en las destrezas que se necesitan y también en la infraestructura, no es lo mismo un sistema que gestiona expedientes que uno que gestiona audiencias, porque este último supone más espacio físico, otro sistema de registración, acceso al público y la posibilidad de que los medios de comunicación controlen.
Por lo tanto, es un cambio muy profundo y que la sociedad de hoy reclama, porque la oralidad da transparencia, la ciudadanía puede controlar cómo funciona su justicia, etcétera. En definitiva, le da mucha legitimidad al sistema.

En tiempos, ¿a qué distancia estamos de alcanzar una reforma de este tipo?

En los últimos cinco años se aprobaron varios códigos acusatorios: Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires lo tienen y eso abarca una parte importante de la población. Pero queda la reforma nacional, que no es difícil en términos operativos, porque el presupuesto del Poder Judicial es importante y porque cuando se transfieran competencias a la Ciudad van a sobrar recursos, y además, la competencia federal en el Interior es limitada. De modo tal que no es un emprendimiento que asuste, al contrario, creo que se dan todas las condiciones para llevarlo a cabo. Es más, creo que hay un nivel de formación intelectual y técnica de la judicatura que perfectamente permitiría que se de este salto cualitativo. Pero bueno, hay que vencer temores y perjuicios, y trabajar con el Poder Judicial y con otras organizaciones de la sociedad civil, porque así como la frase que dice que la guerra es demasiado importante para dejársela a los militares, la reforma judicial es demasiado importante para dejarla sólo en manos de jueces, fiscales y defensores. Este es un tema que debe interesarle a la clase política y a la ciudadanía en general.

Recién se refirió a la oralidad, ¿cómo ve la implementación de la oralidad recursiva en el sistema penal?

Nosotros somos partidarios de una expansión de la oralidad a todas las estructuras del proceso, a la investigación, en el juicio, la etapa recursiva, en la de ejecución. Pero todos estos cambios no alcanzan con que estén en la ley, hay que llevarlos a la práctica y a veces ello supone alguna logística y alguna sustitución de prácticas. No conozco toda la situación de la estructura judicial a nivel nacional para saber cuáles son los problemas, sé que hubo reclamos y sé que hay magistrados que dicen que es imposible de aplicar, pero también he escuchado a muchos jueces que cuando algo no les gusta dicen que es imposible porque en realidad no quieren, por eso a veces es imposible lograr lo que los operadores no comparten.
Sí creo que hay que hacer un pequeño esquema de implementación y no dejarlo librado a que naturalmente entre en vigencia porque va a entrar mal. Crear una oficina judicial para organizar el trabajo de audiencia, requiere ciertos criterios de administración y los jueces no son administradores.
Lo que lamento es que esta oralidad es una pequeña muestra de oralidad, siempre es mejor encarar estos temas de una manera más integral. Esto no sería un problema si se estaría discutiendo un sistema que tiene oralidad plena, como era el del proyecto que se trabajó el año pasado en el Ministerio de Justicia y que está esperando que algún día sea remitido al Parlamento.

¿Qué posición tiene sobre la utilización de las pulseras magnéticas, tema que estuvo en el centro de la polémica en el último tiempo?

Siempre el tema de discusión de la libertad de los imputados durante el proceso es difícil, complejo y recurrente; cada tanto por algún episodio que tiene mucha repercusión publica esto vuelve a discutirse y pareciera que cuando esto ocurre se busca un atajo: nos concentramos en si funcionaba o no la pulsera, o nos ponemos a pensar si el juez fue demasiado bueno o demasiado flexible cuando la concedió, y ninguna de las dos actitudes me parece que enfrenta el problema.
Hay un principio en la Constitución que dice que todas las personas tienen derecho a la libertad durante el proceso y esa es la regla. Por su puesto que no significa que todos estén de acuerdo con esa norma, pero cuando eso ocurre hay un procedimiento para cambiarla. Sin embargo, la paradoja de esto es que con la reforma de 1994 el programa político de los argentinos, que ya incluía la presunción de inocencia, es reforzado en esta línea con la incorporación de los pactos, lo quiere decir que hace trece años se tomó la decisión de sostener un sistema de garantías y eso es lo que deben cumplir los jueces.

Entonces, ¿cómo ve la situación que está viviendo el juez Nicolás Schiavo?

Enjuiciar a un juez por una excarcelación o una libertad morigerada es realmente buscar un chivo expiatorio. Podemos compartir o no la decisión del juez, pero si cumple con la ley y es razonable en términos de su aplicación no hay que juzgarlo, hay que enfrentar los problemas de inseguridad ciudadana a través de las herramientas que permiten mejorar la seguridad, que no se resuelven juzgando a un juez, eso es distraer a la gente. Y la forma de mejorar los niveles de seguridad de la gente reclama una política de persecución criminal distinta.

¿Qué implicaría un cambio en la política de persecución penal?

La forma de perseguir la criminalidad organizada tiene que ser a partir de formas de investigación estratégica que permitan obtener mejores resultados, sino el sistema se entretiene agarrando y llenando cárceles de pequeños criminales, mientras tanto las organizaciones que manejan mercados como la prostitución, la droga, la trata, los fármacos ilegales goza de muy buena salud.

El Gobierno anunció su intención de impulsar la despenalización de la tenencia para consumo de drogas, ¿qué opina al respecto?

Este es un tema pendular. En el año 74 se dictó la ley 20.771, que fue la primera vez que la tenencia para consumo se consideró delito, hasta ese momento si se tenía una cantidad mínima era equiparable al consumo y el mismo no estaba criminalizado. Es decir, Argentina tuvo una larga tradición de despenalización de la tenencia, y lo que rompe con esto es esa ley que parte de la lógica que Estados Unidos transmitió al mundo: que era que la única forma de combatir la droga eficazmente era combatiendo todos los elementos que intervenían en el circuito, y se nos dijo que a través de esta herramienta se iba a tener más eficacia en la lucha contra la droga. Pero si hacemos un balance a treinta años, los resultados nos muestran que el sistema penal ha agarrado a tenedores consumidores o micro traficantes y que no hay una persecución enérgica en relación a las grandes carteras.
Entonces, esta decisión que parece que va a salir del Poder Ejecutivo me parece interesante en un doble sentido: primero va a instalar un debate que los argentinos debemos darnos, pero no en términos de juicio moral. La discusión de si es bueno o malo el consumo de droga es otra discusión. Lo que tenemos que discutir es si criminalizar es razonable en términos de una política criminal moderna y si es efectiva. Y pareciera que si la mayoría de los estudios nos dicen que el tenedor consumidor es un enfermo, no parece razonable aplicar violencia estatal sobre él. Y después, hay que ver cómo nos ha ido con la persecución penal, que yo creo que hemos tenido pocos éxitos en todo este tiempo.

gastón vara / dju