En el texto, se buscará definir con claridad la condición de víctima del terrorismo. En la legislación actual sobre la materia en ese país, esa condición se presupone a los fallecidos, a sus herederos y a los heridos. De esta manera, la nueva norma intentará ampliar el concepto, incluyendo a quienes fueron objeto de atentado y resultaron ilesos, y a los padres de víctimas.
Por otra parte, se reconocerá la indemnización a españoles que sufrieron atentados en el extranjero, aunque los objetivos terroristas no sean intereses españoles, además de que se concretará la protección de la dignidad de las víctimas frente a las ofensas de los condenados por terrorismo y de los grupos sociales que les apoyan.
La ley también pretende evitar discriminaciones entre las indemnizaciones a las víctimas por casos similares. Esto se debe a que en estos momentos, existen diferencias cuantitativas muy importantes, dependiendo de que se haya alcanzado una condena penal a los acusados, o de que no se haya juzgado a los mismos por no haber sido identificados, o por haberse dado a la fuga. La nueva norma pretende fijar unos criterios de máximos y mínimos que sirvan para orientar a los jueces.
Por otro lado, el texto determinará que la concesión de las condecoraciones a las víctimas del terrorismo se haga de oficio, y que los heridos o los familiares de los fallecidos no tengan que solicitarlas, como ocurre con la normativa vigente.
Paralelamente, se pretenderá reducir los trámites burocráticos y establecer una ventanilla única para atender a todos los afectados. La ley tendrá carácter integral, y será aplicada en forma retroactiva. En estos momentos, la misma está en proceso de elaboración, debido a que el Ejecutivo español se reunirá con asociaciones de víctimas para escuchar sus aportes a la norma.