Desde la Suprema Corte de Mendoza, afirmaron que el objetivo del convenio es “facilitar y promover” el acceso de la gente a la Justicia, asistiendo e informando en temas relacionados con trámites judiciales, vías de acceso al Poder Judicial y ubicación de dependencias, e incluso prestando asesoramiento legal en forma totalmente gratuita.
“Que constituyen sus principales y originarios objetivos lograr, mediante un acercamiento directo e inmediato de la Institución a la población mendocina, una modificación paulatina de la percepción que actualmente los ciudadanos poseen sobre el Poder Judicial y paralelamente incrementar la credibilidad en el Servicio de Justicia que brinda”, sostiene el convenio firmado entre la Suprema Corte y el Colegio de Abogados.
Con esta nueva modalidad, pretenden interiorizar y asesorar sobretodo a aquellas personas de bajos recursos económicos, ya que son muchos los casos en donde no suelen acercarse a los tribunales, por falta de dinero o por prejuicios de toda índole.
La traffic, la cual ya fue mostrada en público y de fácil identificación, comenzará a partir del 10 de noviembre próximo a recorrer el barrio de Las Heras, y luego en Luján de Cuyo. Posteriormente, también se la podrá ver circular por los barrios de Godoy Cruz, Capital, Guaymallén y Maipú. El recorrido por los barrios lo hará de lunes a sábado de 9 a 12 horas, y así intentan garantizar la atención a aquellas personas que por su condición laboral no podrán acercarse en el transcurso de la semana.
Además, el tribunal móvil se ubicará en lugares estratégicos, coordinados con los Municipios y distintas organizaciones de la sociedad civil, para que los vecinos pueda acercarse y plantear sus dudas.
La camioneta, la cual ya fue especialmente diseñada, contará con un equipo de computación, con una base de datos, impresora, fax y un grupo electrógeno. Incluso, la traffic consta de seguro por responsabilidad civil por lesiones y/o muerte de terceros.
En la traffic, irán a bordo: un abogado, responsable de brindar la información y el asesoramiento jurídico, junto con la colaboración de estudiantes avanzados de las facultades de derecho y de un auxiliar, estudiante de sociología o ciencias sociales, encargado de organizar entrevistas y recolectar los datos que posteriormente pueden ser de utilidad al Poder Judicial. Además, siempre estará presente un policía para garantizar la seguridad.
El acuerdo tendrá una duración de un año aunque en caso de resultar una experiencia positiva seguramente será renovado.