04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Para resguardar los recursos del mar

El juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, le ordenó al Estado Nacional que presente un plan para la “protección y conservación” del recurso pesquero en aquella ciudad balnearia. Lo hizo a raíz de un amparo presentado por una Cámara del sector. El magistrado basó la medida en el “inminente peligro de agotamiento” de los recursos. FALLO COMPLETO

 
En autos “Cámara Pesquera Marplatense c/ Estado Nacional (SAGPyA) s/ Acción de Amparo”, el magistrado analizó una presentación de la Cámara Pesquera Marplatense (CA.PE.MAR), tras lo cual intimó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación (Estado Nacional) a presentar “un plan sustentable e integral de conservación y protección del recurso pesquero que contemple metas y plazos para el cumplimiento de los objetivos fijados”.

“La representante del Estado Nacional pareciera que no ha comprendido la naturaleza de la presente acción, ya que pese a la notificación de la primera audiencia y los fundamentos esgrimidos, no los contestó, ni los rebatió, como así tampoco en torno a los requerimientos formulados por el actor en cuanto a la colaboración en el control de la actividad pesquera, en consecuencia no cumplimentó el Estado en la 2da audiencia la resolución judicial.

Como lo hizo la Corte Suprema de Justicia en la causa sobre el saneamiento del Riachuelo, para la cual designó a la Auditoria General de la Nación (AGN) como órgano de control, el juez marplatense ordenó que el organismo sea el encargado de fiscalizar dicho plan.

El juez López tomó la medida en base“al inminente peligro de agotamiento del recurso ictícola merluza común (hubbsi), la insuficiencia de resolver sólo con alguna medida o parcialmente una cuestión con la gravedad que tiene la problemática, resultando que la normativa vigente, reitero resulta insuficiente e incompleta como asimismo deficiente su cumplimiento y contralor es que en atención a la legislación apuntada”.

En su presentación, la parte actora denunció que en los últimos diez años no se reglamentó el artículo 27 de la ley 24.922, para “asignar cuotas de captura a cada permiso de pesca”, con lo cual viene “ocasionando innumerables perjuicios a sus representados y a los trabajadores de la pesca”.

En mayo de este año, el juez convocó a una audiencia, a la que faltó la Secretaría de Pesca, aunque sí se presentaron asociaciones ligadas a la pesca las cuales coincidieron en la “emergencia del recurso, como la ley para preservarlo”, y en la falta de control del Estado de los recursos pesqueros y la entrega de permisos de pesca.

También se hizo una nueva audiencia el 14 de agosto pasado a la que sí se presentó un representante de la Secretaría de Pesca, aunque eludió la presentación de un plan, pues consideró que el mismo se encuentra contemplado en la ley federal y las normas ya sancionadas. Incluso, la representante del Estado manifestó que no consentía la realización de la audiencia, pues la misma desnaturaliza esta acción de amparo.

“Resulta evidente que la normativa vigente emanada del la SAGPyA, más allá de su apoyatura en la normativa proteccionista antes mencionada, se encuentra divorciada de la realidad actual del caladero, resultando insuficiente, incompleta y deficiente en cuanto a su control”, consideró López.

También tuvo en cuenta manifestaciones del presidente de la AGN, entre ellas, que “los recursos pesqueros sufren una alarmante depredación y el país no alcanza a advertir las luces rojas que alertan sobre la alarmante situación que atraviesa la pesca que es uno de nuestros principales recursos de exportación”.

Incluso, López valoró informes periodísticos que fueron publicados durante todo este año sobre la problemática de la sobre pesca, como también de revistas especializadas.



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