En su recurso para justificar la intervención de la Justicia Federal, el fiscal señaló que el fuero “cuenta con oficinas especializadas y dedicadas exclusivamente al tratamiento tutelar de menores en resguardo precisamente de la satisfacción plena de sus derechos, y creadas en virtud de la competencia a ella atribuida sobre la materia”.
“El examen efectuado me lleva a concluir que la existencia de jueces de menores y jueces federales se debe a una distribución de competencias y no a una cuestión de especificidad, puesto que el legislador ha decidido mantener en el fuero federal los delitos relacionados con los estupefacientes, corresponde en el caso declarar la competencia de la justicia federal”, según los jueces.
Para los camaristas Gustavo Mitchell, Luis García y Guillermo Yacobucci, “los jueces de menores en nuestro país no son autoridad más “específica” que el resto de los jueces cuando se trata de conocer de los casos en los que se alega que un niño ha cometido una infracción penal, pues el procedimiento para su selección es el mismo que el que se sigue para los jueces federales, y el Estado no les provee a los primeros un entrenamiento más específico y permanente que a los segundos relacionado con la problemática de los niños”.
Además, coincidieron en que la “especificidad” de un juez no sólo se mide por “el entrenamiento, sino también por la circunstancia de que ésta deba aplicar una ley o procedimiento especial”. Igualmente, los magistrados llegaron a la conclusión que “tanto los jueces federales como los jueces de menores aplican el (mismo) procedimiento cuando deben juzgar a un menor de edad acusado de haber infringido la ley penal”.
En el fallo citaron el artículo 40.3 de la Convención de los Derechos del Niño el cual establece: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare de haber infringido esas leyes”. Ante ello, señalaron que “de su texto no se deriva una obligación ineludible para los Estados Partes, sino una directiva que promueve la adopción de las medidas allí enunciadas”.
Los jueces de Casación remarcaron que “tanto los jueces de menores y los federales tiene igual autoridad para requerir la colaboración de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, así como del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia”. Incluso, “los jueces federales de esta ciudad tienen a su disposición la colaboración de una Prosecretaría del Patronato de Menores bajo la órbita de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal”.