La puesta en marcha del nuevo código estaba prevista para el 2006 y durante los últimos meses fue producto de cruces entre el secretario de Gobierno, Alejandro Cazabán, y el Procurador General de la Corte, Rodolfo González. El primero denunciaba entorpecimiento para implementar el programa, mientras que el segundo acusó al poder político por el escaso personal policial.
Las denuncias podrán ser por delitos dolosos reprimidos que contemplan una pena menor a tres años o con multas, y también los de tipo culposo. Las Oficinas Fiscales incluso podrán intervenir en denuncias o procedimientos de competencia de la Justicia de Menores, con intervención de las Fiscalías de dicho fuero.
Sin embargo, en caso de urgencia o por cuestión de lejanía, también se podrán hacer denuncias ante cualquier dependencia policial. Pero, tras la implementación del nuevo CPP, la función de la policía quedará abocada a tareas operativas y de prevención.
Desde los tribunales mendocinos se especuló que con esta nueva medida, se pretende agilizar la resolución de delitos menores, muchos de los cuales sufren demoras por trámites burocráticos.
Para garantizar un efectivo funcionamiento de las Oficinas Fiscales, el Poder Judicial firmó un acuerdo con el Ministerio de Seguridad, tendientes a reforzar recursos humanos y materiales.
De esta manera, se dio por finalizada la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en la primera circunscripción, luego de ser convalidada la norma por los legisladores locales.