El proyecto prevé que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados puede desestimar una denuncia por mal desempeño “sin más trámite por resolución motivada” en el caso que “manifiestamente infundada, o se basare en hechos no previstos” por la ley.
Para eso la reforma permite que el presidente del Jurado convoque a todos sus miembros dentro de los cinco días de recibida la denuncia para que el cuerpo se pronuncie sobre su jurisdicción y procedencia.
Actualmente la ley no prevé que una denuncia pueda desestimarse antes de iniciar su tratamiento formal por parte de uno de los integrantes del Jurado.
“El Poder Judicial para ser independiente, necesita libertad para investigar y desarrollar los razonamientos judiciales que plasmará en la sentencia, sin sentirse permanentemente amenazado por infundadas denuncias que en ocasiones sólo son una forma de dilatar o interrumpir un proceso judicial en trámite”, explica en sus fundamentos el proyecto de los senadores radicales Jesús Porrua, titular del bloque, y Enrique Honores.
La iniciativa pretende que el Jurado tenga las herramientas necesarias para “desestimar las denuncias temerarias, infundadas e imprudentes” que solo busquen “`dilatar` un proceso en curso y no encontrando argumentos sólidos para hacerlo en `la causa`, denuncian al magistrado que la lleva adelante”.
El proyecto señala que los organismos encargados de enjuiciar a los jueces “en lugar de resolver rápidamente las denuncias, las sustancian durante años y dejan a lo magistrados en la incertidumbre”. “Un sistema transparente debe contemplar reglas claras para el enjuiciamiento de sus magistrados. De aceptarse lo contrario se crearía un estado deliberativo respecto de los jueces, que terminará por intensificar el descrédito del Poder Judicial y contribuirá a la indebida politización de la Justicia”, agrega.
El proyecto enumera una serie de declaraciones de jueces de todo el país en las que advierten sobre las demoras en la resolución de denuncias. Una de las citadas es la del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, en las que señala que “la acusación de un juez se volvió un modo de apelar una sentencia desfavorable o de tener injerencia en la justicia”.