Directivos de la empresa, señalaron que no van a reclamar los 450 millones de dólares que vale la compañía según la valuación que ellos mismos realizaron, sino que van a litigar por todos los daños causados desde 2005, que según su director general, Vicente Muñoz abarca “tarifas congeladas, subsidios incumplidos y gremios adictos al gobierno haciendo huelgas salvajes.”
También se expresó que ello incluye una suma de más 1.560 millones de dólares, “que es lo que valdría la empresa si no hubiera sufrido todas esas tropelías". El viernes, la Justicia argentina intervino las compañías aéreas por un pedido del Ministerio de Planificación, lo que permitirá al Estado administrarlas hasta que sean expropiadas, según lo recomendado por el Congreso.
La posible expropiación es consecuencia del fracaso de las negociaciones de estatización de las compañías, luego de que el Estado argentino y el grupo Marsans no lograran llegar a un acuerdo sobre el valor de Aerolíneas y Austral.
El Tribunal de Tasación de la Nación había fijado un valor negativo de 622 millones de dólares para las compañías, por lo que el gobierno argentino propuso el pago simbólico de un peso para estatizarlas. Esta decisión fue rechazada por Marsans, que argumentó que la financiera Credit Suisse cotizó el patrimonio en unos 450 millones de dólares.
Una eventual expropiación por parte del gobierno deberá respaldarse en una nueva ley del Parlamento. Un comunicado emitido por Marsans en Madrid aseguró que el gobierno argentino pretende "vestir de legalidad una expropiación que quieren aplicar tras hacer una valoración partidista y parcial de la compañía" y manifestaron su "total disconformidad" por el dictamen de la comisión bicameral.
Aerolíneas Argentinas y Austral fueron privatizadas a principios de los años `90 durante el gobierno de Carlos Menem y adquirida inicialmente por Iberia, aunque finalmente, en 2001 quedo bajo control del grupo Marsans. En los últimos años, continuaron los problemas administrativos y financieros, a la que sumaron conflictos gremiales, por lo que el Estado argentino se hizo cargo en los últimos meses de los gastos operativos para que la compañía pudiera seguir funcionando.
Entre casos recientes en que nuestro país tuvo que litigar ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en septiembre último, el tribunal falló a favor de la Argentina en una millonaria demanda donde una empresa internacional reclamaba los perjuicios generados por la pesificación de sus activos y por la prohibición de realizar trasferencias internacionales.