En este marco la Unión Europea esta planteando nuevas medidas para combatir la piratería informática. La iniciativa fue propuesta en el Consejo de Cultura de la Unión Europea y busca promover la implantación de nuevos métodos entre la industria cultural, los propietarios de los derechos y los consumidores.
En palabras del ministro e Cultura español, Cesar Antonio Molina “promover soluciones eficaces, justas y proporcionadas que favorezcan el desarrollo de la oferta legal en línea y prevengan la piratería”.
Entre las alternativas que maneja la Unión Europea se encuentra la de la conformación de un órgano jurídico a nivel comunitario. Basándose en sistemas que ya se encuentran en funcionamiento en Gran Bretaña y Francia. A modo de ejemplo la ley Hadopi, que es la ley que se utiliza en Francia, establece que “las proveedoras de Internet podrán cortar la conexión a los usuarios que intercambien archivos sin pagar derechos de autor”. Intentando de este modo garantizar respeto a la propiedad intelectual.
El caso del Reino Unido es similar ya que seis proveedores de Internet acordaron con el gobierno un procedimiento en el que los proveedores de Red garanticen envian a sus clientes cartas para que sepan que compartir música protegida con ´copyright´ es ilegal”. Por otro lado en la misma jornada el consejo también aboco el debate hacia la participación. De manera tal que se pone en foco el papel preponderante de los usuarios y de la concientización de estos. Generando desde los estados miembros “campañas de sensibilización, acuerdos entre distintos sectores, acuerdos de autorregulación o de corregulación”
Además el Consejo de Cultura puntualizó en que el debate sobre la piratería informática es necesario asegurar un “justo equilibrio entre los diferentes derechos fundamentales, principalmente el de protección de datos personales, la libertad de expresión y la protección de la propiedad intelectual”.
La piratería informática es un problema complejo en el que diversas variables y derechos deben tenerse en cuenta. Sirve el IP como prueba, seria uno de los planteos que pueden hacerse. Es válido su rastreo o esto no implica vulnerar derechos como el de la protección de datos. El debate esta abierto y el derecho debe estar en constante adaptación a los cambios.