En el país transandino, desde la Reforma Procesal Penal del año 2000, setenta fiscales abandonaron sus tareas al servicio del Estado para dedicarse a su profesión de abogados en diversos estudios jurídicos.
Entre las causas del éxodo figuran “cuestiones vocacionales” aunque los ingresos percibidos también pesan en las decisiones de los letrados y es que el sector privado suele tener mejores remuneraciones que el público.
Según varios expertos chilenos, la salida de los fiscales resiente las investigaciones por la fuga de calidad académica y de experiencia profesional. Consultado por Diariojudicial.com, el fiscal general de la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, apuntó que "el éxodo que se da en Chile, es un fenómeno que no se repite en Argentina".
“Creo que a la gente que le gusta la carrera judicial, permanece en la función”, manifestó Sáenz y agregó que “no sólo importa la remuneración sino el prestigio”. El titular de la Asociación de Fiscales de Argentina, sostuvo que “no es lo mismo ejercer la función pública en un país donde la justicia está desprestigiada, que en un país donde la justicia funciona bien”.
En ese sentido, aseguró que la Argentina “está en el medio: no es un país del Primer Mundo pero tampoco funciona como una dictadura africana”.
Sáenz, que se desempeña desde hace 21 años como fiscal, aseguró que no cuenta con estadísticas que verifiquen si en Argentina hubo un éxodo de fiscales a la actividad privada pero señaló que, de existir ese desplazamiento, no se trata de un número significativo.