Diariojudicial.com consultó a especialistas de las tres áreas mencionadas en el informe “Declaración Universal de Derechos Humanos, 60 aniversario: hora de cumplir”.
Respecto de la violencia de género, la diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, Diana Maffía, aseguró que el 90 por ciento de los casos se da contra las mujeres.
La legisladora señaló las “construcciones y relaciones jerárquicas entre los géneros” que se dan en el ámbito de la justicia -“el derecho argentino es patriarcal y misógino, aunque eso está cambiando”, expresó- y también en el área de la cultura porque, según Maffía, “la excesiva exhibición de los cuerpos de las mujeres implica la transformación de sus cuerpos en mercancía”. Maffía sostuvo que también en el ámbito de la política aparece la violencia de género. “Se supone que mi jefe de bloque me tiene que decir lo que hacer”, ironizó la diputada de la Coalición Cívica y agregó que, en general, “a la mujer se la ve como esclava”.
Asimismo, criticó las políticas públicas en materia de violencia de género y en particular al Consejo Nacional de la Mujer (CNM) que afirmó que fue “degradado por el kircherismo”.
“El Consejo no genera igualdad de género”, sostuvo Maffía y agregó que desde hace un tiempo se dio una “desjerarquización del CNM y un desfinanciamiento de los programas”.
“Al no existir planes de ayuda para la mujer, una persona que quiere irse de su casa por malos tratos, no cuenta con el amparo del Estado por lo que no tiene garantizada su supervivencia”, denunció Maffía.
La diputada rescató la ley de cupos (que resolvió que las listas de los partidos políticos que se presenten a elecciones deberán integrarse, como mínimo por un 30 por ciento de mujeres) y aseguró que esa legislación “permitió que se politizara un problema privado” (la baja participación de las mujeres en política).
“Lo mismo sucedió con los derechos sexuales y reproductivos (Maffía presentó en julio un proyecto para reglamentar el aborto no punible) y la unión civil para personas del mismo sexo”, indicó.
La diputada opinó que las “deudas pendientes” de la Argentina en materia de violencia de género tienen que ver con: la profundización de legislación sobre acoso sexual y en cuanto a las relaciones laborales.
Respecto de la situación de discriminación en la que viven los pueblos indígenas, este diario consultó a Graciela Carriqueo, abogada del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (CODECI) que afirmó que “la discriminación (a los pueblos originarios) está subyacente” en todos los ámbitos de la vida.
“En Argentina no se ha abordado el tema de la discriminación en profundidad”, manifestó Carriqueo, oriunda de la comunidad mapuche Cañumil, del paraje Chacay Huarruca al sur de Río Negro.
La letrada dijo a este diario que desde el CODECI “sufrimos la discriminación institucional de otros organismos del Estado, como la Dirección General de Tierras de la provincia pero no de la Justicia”.
El consejo fue creado a partir de la ley provincial 2287 (“de tratamiento integral de la situación jurídica, económica y social, individual y colectiva de la población indígena”) y no cuenta con presupuesto propio sino que depende a nivel administrativo de la provincia y atiende conflictos de la tierra, la principal problemática de los pueblos indígenas.
En tanto, el director ejecutivo de la asociación civil Unidos por la Justicia, Martín Gershanik se refirió a la “precariedad del sistema penitenciario argentino” (el último de los puntos citados por Amnistía Internacional).
“En Argentina se persigue al delito de calle y no a la corrupción”, opinó Gershanik y puntualizó que el sistema carcelario no se trata integralmente y hay déficit en cuanto a lo edilicio y a lo presupuestario.
Enfatizó que en el país no se cumple con el artículo 18 de la Constitución Nacional que, en su última parte propone que “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”.
“La situación cada vez se agrava más y lleva a lo que nosotros denominamos como ‘reiterancia delictiva’ que significa que se repiten conductas delictivas y todo lo que se gasta es inefectivo porque se vuelven a cometer ilícitos”, expresó Gershanik.
Aseguró que en las cárceles argentinas “no se respetan las reglas de tratamiento y construcción” previstas por la ONU y añadió que debe hacer se un “trabajo serio” en esas dependencias que consista en: la adecuación a estándares internacionales y la eliminación de la corrupción que “persiste en todos los niveles del Sistema Penitenciario”.
Gershanik denunció que de las casi 40 cárceles de la provincia de Buenos Aires, cinco tienen más de 100 años y fueron construidas bajo modelos arquitectónicos antiguos y que no están bajo las normas de la ONU.