Con el argumento de generar una serie de mejoras en las autovías y en la General Paz, el peaje de la Panamericana pasará de los 2,20 pesos a 3,40 en horario normal y 4,50 en hora pico; el del Acceso Oeste aumentará de los 1,70 pesos a 2,60 y 3,40, respectivamente; y el de la Autopista Riccheri, pasará de 0,80 pesos a 1,30 y 1,70, respectivamente. Las subas regirán desde el 10 de enero.
Consultado por Diariojudicial.com, el presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) Osvaldo Bassano, definió al aumento planteado por De Vido como una “acción política que no tiene sustento a futuro porque no existe un plan vial”.
“Estamos estudiando el decreto pero en principio creemos que no reúne las condiciones mínimas de juricidad”, explicó Bassano.
Por su parte, Ricardo Lasca, titular del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, señaló que “no hay estudios que determinen la relación costo-beneficio de esta iniciativa y denunció: “Llama la atención que nadie se ocupe de la malversación de fondos”.
“Los usuarios pagamos 12 mil millones de pesos por impuestos al combustible y 2 mil millones anuales por la tasa que se aplica al gas que deberían ser para eliminar las cabinas de peajes”, exigió Lasca y agregó que “el hecho de que el aumento sea sólo para los automóviles es discriminatorio”.
“Creo que De Vido nos toma de estúpidos”, enfatizó y calificó a los actos del titular de Planificación como “antidemocráticos” y al ministro como un “caradura”.
Bassano recordó que el proceso para aumentar la tarifa de un servicio público es a través de una audiencia pública que incluye la participación del Congreso. En ese sentido, Lasca se quejó porque desde Planificación no se convocó a audiencia pública aunque las definió como una “truchada”.
Por otra parte, titular del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial denunció la complicidad de los transportistas de cargas y pasajeros con el Ministerio porque están exentos de pagar peajes en todas las rutas nacionales.
Lasca también cargó contra el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) y sostuvo que cuando el Comité que él preside se presentó ante ese organismo, lo echaron.
Consultados respecto de la posibilidad de iniciar acciones legales, Lasca descartó la alternativa porque entendió que “comenzar juicios implicaría pelear con estudios jurídicos buitres” (en referencia a los asesores legales de las empresas que tienen la concesión de los peajes) y Bassano indicó que “en febrero se verá si se inician o no amparos”.
“Vamos a agachar la cabeza una ves más”, dijo Lasca e ironizó: “Feliz peaje nuevo”.